Garzón pide apartar a otro magistrado del tribunal que le juzgará

En un escrito, la defensa de Garzón considera que la designación del tribunal vulnera su derecho a "un proceso con todas las garantías" y a ser juzgado por un "tribunal imparcial" por la "falta de imparcialidad objetiva" de Marchena, que es el instructor de la causa en la que se investigan los cobros que el juez de la Audiencia Nacional percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.

La Sala Especial del 61 del Tribunal Supremo rechazó la recusación de Marchena al entender que el escrito de la defensa de Garzón se presentó de forma extemporánea y que la diferencia entre los dos procesos en los que iba a participar el magistrado (las escuchas de la Gürtel y los cobros de Nueva York) impedían su contaminación.

Garzón, que acude al TC una vez que se "han agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial", hace hincapié en la "labor inquisitiva" que Marchena ha desarrollado en la causa de los cobros de Nueva York y asegura que "entró en el fondo del asunto" que ahora debería juzgar cuando resolvió la abstención del magistrado Perfecto Andrés, que formaba para de la Sala de Admisión que tramitó los recursos presentados durante la instrucción del procedimiento.

El abogado del juez en esta causa, Francisco Baena, sostiene que Marchena ha desarrollado una "actitud beligerante" contra Garzón que es, según dice "reveladora de prejuicios". "En el ánimo de dicho juez existen determinados y precisos prejuicios sobre su culpabilidad, todo lo cual quiebra su necesaria y debida imparcialidad objetiva, inhabilitándole para formar parte del tribunal que ha de enjuiciar", señala el escrito.

Añade que en el juez ha interrogado a su cliente en la causa por los cobros de Nueva York, por lo que se ha formado "un prejuicio sobre el grado de veracidad o fiabilidad de sus manifestaciones o argumentos de defensa, contrastándolo con otras pruebas para así concluir una impresión sobre el quehacer profesional del actor en su elaboración de resoluciones judiciales, impresión que necesariamente aplicarán los instructores a otros procesos en que intervengan como sentenciadores".

"¿Acaso no está permitido que el juez que protagoniza este doble papel, investigador en una causa y al mismo tiempo sentenciador en otra causa simultanea, el justiciable albergue el lógico temor de que el mismo al enjuiciarlo no esté exento de prevenciones y prejuicios adquiridos?", se pregunta.

También rechaza que el Supremo inadmitiera el incidente de recusación por extemporaneidad y recuerda que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) dio la razón en julio de 2008 al magistrado Javier Gómez de Liaño por declarar caducada una solicitud de recusación cuando existe jurisprudencia consolidada que "obliga a un magistrado a abstenerse si concurre la causa de falta de imparcialidad que se alega en el incidente de recusación aunque éste no se inicie con los requisitos de forma adecuados".

El juez presentó el pasado 29 de diciemrbe un escrito ante el Tribunal Supremo en el que recusaba al magistrado Luciano Varela, uno de los siete que debe juzgarle a partir del próximo día 17 por intervenir las conversaciones entre varios imputados en la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión. Además de Varela, el tribunal que debe juzgar a Garzón por supuestos delitos de prevaricación y contra los derechos constitucionales por las escuchas a los abogados de "Gürtel" en prisión son Joaquín Giménez, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, y Manuel Marchena.

Este es el nuevo tribunal designado para juzgarle después de que el pasado 12 de diciembre la denominada Sala del artículo 61 aprobara, por trece votos a favor y dos en contra y con el criterio favorable de la Fiscalía, admitir la recusación planteada por el juez Baltasar Garzón contra cinco de los siete magistrados de la Sala de lo Penal que habían sido designados inicialmente para juzgarle. En el caso de estos cinco magistrados, la Sala del 61 estimó los argumentos de la defensa de Garzón en el sentido de que los miembros del tribunal estaban contaminados" por haber participado en la instrucción del caso.