La Junta suspende la caza en un coto durante tres años por el uso de venenos

Las organizaciones ecologistas han celebrado que la delegación de Agricultura de Toledo haya decidido suspender durante tres años la caza en el coto de la Casa Nueva de Gerindote por el reiterado uso de veneno que ha ocasionado la muerte de medio centenar de ejemplares de fauna.

Así lo expresan en un comunicado las organizaciones WWF España, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, que alertan de la falta de coordinación entre administraciones que provocó la reapertura del coto e incluso la celebración de un campeonato de caza con galgo el pasado noviembre.

La administración regional decidió la suspensión cautelar de la caza en este coto de Gerindote tras el hallazgo el pasado agosto de más de cincuenta animales envenenados y muertos a tiros.

Pero, sorprendentemente, argumentan los ecologistas, esta medida cautelar fue levantada a finales de noviembre, lo que permitió, además, la realización de un campeonato regional de caza con galgo.

El coto La Casa Nueva cuenta con un largo historial de envenenamientos y caza ilegal desde 1999, aunque ha sido elegido como sede para la celebración de campeonatos en los últimos años. En el caso de envenenamiento masivo del pasado verano, están implicadas las mismas personas que en 1999 gestionaban la caza en la finca.

Los ecologistas sostienen que la decisión de suspender la caza durante tres años adoptada por la delegación de Agricultura atestigua el daño causado por el uso de veneno y otros métodos ilegales para capturar predadores, y ha sido apoyada por unanimidad por el Consejo de Caza Provincial.

La suspensión por un período de tres años constituye la mayor sanción por veneno dada hasta la fecha en Castilla-La Mancha, afirman los ecologistas. Con esta acción, Agricultura cumple con su obligación de aplicar la ley y pone de manifiesto la necesidad de un compromiso riguroso y ejemplar en este tipo de casos de veneno.

Estas organizaciones consideran que desde la administración se debe aplicar una política de «tolerancia cero» hacia los casos de venenos y caza ilegal de especies protegidas.