Los funcionarios no sufrirán recortes, pero trabajarán más horas

Alivio, aunque con matices, para los más de 86.000 empleados públicos dependientes de la Junta de Castilla y León. Después de que otros gobiernos autonómicos hayan decidido aplicar una rebaja en sus sueldos, el presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, confirmó ayer que la Comunidad mantendrá su retribuciones en 2012 como en este momento. Eso sí, esta congelación salarial tiene otro lado de la moneda con los funcionarios como protagonistas: trabajarán más. En concreto, 2,5 horas a la semana, para volver así a las 37,5. A razón de treinta minutos al día, su jornada laboral se estirará para equipararse a la de los trabajadores de la Administración central, a la vez que se flexibilizan los horarios de entrada y salida. Quienes ya trabajan 37,5 horas, deberán hacer 40, según precisó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, sentada junto al titular de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al lado de Herrera para puntualizar los detalles del bloque de medidas aprobadas ayer por la Junta. Estas medidas, que deberán ser ratificadas hoy en las mesas de negociación de la Función Pública, Herrera asumió que pueden tener repercusión en los contratos de interinos o laborales, aunque no concretó en qué medida.

La nueva contribución «activa» de los funcionarios a los «esfuerzos» que el presidente del Gobierno castellano y leonés requirió al conjunto de la sociedad se traduce también en que estarán sometidos a un mayor control del absentismo laboral a la vez que se pondrá en marcha una nueva regulación de la complementación económica de la prestación por discapacidad. Esto es, que no en todas las bajas percibirán el sueldo íntegro, como ocurre ahora. El 25 por ciento que sufraga la Junta se pagará en función de los casos.

Es el agujero que deben apretarse los funcionarios en su particular cinturón contra la crisis. Pero son sólo parte del Plan de Racionalización del Gasto Corriente aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta, y que afectan a sus empleados y a los del sector público. En él también se contemplan otras actuaciones como la ya pactada reducción del 30 por ciento de los liberados sindicales, la congelación de la oferta de empleo público excepto en los servicios esenciales o un paso más en la reorganización del sector público. Tras la ADE, le llega el turno a las dos empresas y la fundación dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en en enero se fundirán, con la consiguiente reducción de gastos y personal.

En total, las medidas vinculadas al personal supondrán un ahorro en 2012 de 85 millones de euros. A estos hay que sumar los 51 que se prevén no emplear en gasto corriente de bienes y servicios a través, por ejemplo, a través de la reducción de los horarios de apertura de los edificios públicos, la disminución de los servicios de seguridad y limpieza, la integración de todos los teléfonos de información en el 012 o la extensión de la central de compras.

El Plan también aborda las subvenciones, donde obliga a que todas las convocatorias tengan en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios. Precisamente Herrera hizo especial hincapié en diferenciar las rentas y llegó a afirmar que, por ejemplo, a la hora de dar ayudas a los libros de texto no se tiene que mirar igual a «un parado o un mileurista que a un presidente de la Junta».

En total, este plan prevé un ahorro a las arcas de la Comunidad de 136 millones de euros en 2012 y que se suman a otras medidas de austeridad como el Código que Herrera entregó a su equipo nada más tomar posesión para medir sus gastos, la reducción del Gobierno y del Consultivo y el Consejo de Cuentas.