El Supremo decide investigar a Blanco por el «caso Campeón»
Ve indicios de cohecho y de tráfico de influencias en el ex ministro dentro de la trama de subvenciones irregulares
MADRID
El ex ministro de Fomento y exportavoz del Gobierno José Blanco no ha tenido un buen estreno como diputado raso. Apenas veinticuatro horas después de la solemne apertura de la X Legislatura, el Tribunal Supremo decidía investigarle en el marco de la «operación Campeón». La sala de admisión del alto Tribunal —formada por Juan Saavedra, Francisco Monterde, Miguel Colmenero, Perfecto Andrés Ibáñez y Julián Sánchez Melgar— considera que hay indicios de que Blanco ha podido cometer delitos de cohecho y tráfico de influencias en relación con una presunta trama ilegal de subvenciones públicas.
El «vía crucis» de Blanco, el azote del ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el «caso de los trajes» —pidió por activa y por pasiva su dimisión desde el minuto uno— no ha hecho más que empezar, y ello porque, aunque el hecho de que se aprecien indicios de delito no significa que el ex ministro se vaya a sentar finalmente en el banquillo, sí es cierto que está más cerca de él que el lunes. De momento, el instructor de su causa ya tiene nombre y apellido: se trata de José Ramón Soriano. Es este magistrado el que tiene que decidir en los próximos días si llama a Blanco a declarar como imputado. En este caso, y al ser Blanco aforado, tendría que tramitar el suplicatorio ante el Congreso de los Diputados como paso previo a su citación.
Ahora bien, Blanco tiene la opción de evitar que el Tribunal Supremo solicite autorización a la Cámara Baja si se presenta voluntariamente a testificar ante el juez, lo que aceleraría los trámites procesales de forma considerable y daría la oportunidad al ex ministro de aclarar su presunta implicación y ahorrarse las «penas de telediario» que han padecido otros políticos presuntamente implicados también en delitos de corrupción.
Declaración voluntaria
Esta opción, la de declarar voluntariamente, ya ha sido empleada por otros aforados imputados en distintas investigaciones, como por ejemplo el ex senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas, investigado durante un tiempo por el alto tribunal por su relación con el caso «Gürtel». Su nombre ya ha quedado libre de toda sospecha.
No obstante, y aun cuando Blanco decidiera declarar de forma voluntaria, Soriano tendría que tramitar igualmente este suplicatorio si, después de escucharle, decidiera seguir adelante con la investigación.
El Supremo accede así a la petición que el pasado 28 de noviembre le hizo la Fiscalía después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, apreciara indicios de delitos de cohecho y tráfico de influencias en la actuación de Blanco, al que dos empresarios acusan de haber hecho gestiones en su favor a cambio de dinero.
La exposición razonada enviada al alto tribunal por la magistrada contiene las declaraciones prestadas desde el pasado mes de agosto por el propietario de la farmacéutica Nupel, Jorge Dorribo, en las que aseguró que Blanco había hecho gestiones para que el Ministerio de Sanidad agilizara la tramitación de varios expedientes que afectaban a su compañía.
En sus primeras declaraciones, Dorribo omitió un dato que sí incluyó en otra prestada el pasado mes de octubre: que el pasado 5 de febrero, instantes antes de verse con Blanco en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), entregó a un primo político del ministro, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros en billetes de 500 y que supone que este dio luego el dinero al titular de Fomento.
«No recibió ni cobró nada»
Blanco admitió la existencia de ese encuentro, pero en un comunicado hecho público el 6 de octubre a través del inisterio aseguró que «no recibió ni cobró nada» de Dorribo, «ni directa ni indirectamente, ni en metálico ni en transferencia, ni en sus cuentas ni a través de personas interpuestas». Ese mismo día, la directora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, explicó la cita diciendo que Blanco estaba invitado a una comida con empresarios y que le comunicaron que Dorribo quería verle antes para plantearle una cuestión privada. «Como tenían que verse luego en el restaurante, quedaron un poco antes de la llegada en una gasolinera, como podrían haber quedado en una cafetería o en la entrada del restaurante», justificó.
Además de las supuestas gestiones en favor de Dorribo, la exposición razonada de la juez incluye la presunta intervención de Blanco para que un socio del anterior, el vicepresidente de Azkar, Antonio Orozco, consiguiera la licencia para construir una nave en la localidad barcelonesa de Sant Boi de Llobregat.
Tras conocer la decisión del Supremo, el diputado manifestó su respeto por el trabajo de la Justicia. Consideró que se trata de un auto «esperado» una vez que la Fiscalía se había pronunciado sobre la «necesaria investigación para clarificar las acusaciones vertidas contra» él. «Tengo la seguridad que la investigación va a clarificar las falsas acusaciones y se va a esclarecer la verdad», apostilló.
Narbona: «Yo dimitiría»
Mientras desde el PSOE muchos cerraban filas en torno al ex ministro —«le dan la oportunidad de poder defenderse», dijo Elena Valenciano—, otros ponían en cuestión su continuidad en la política. La ex ministra Cristina Narbona, en declaraciones a ABC Punto Radio, comentó que ella, si fuera Blanco, «dimitiría». Desde el PP, su secretario general en Galicia, Alfonso Rueda, consideró que sería «suficiente» con que el diputado se aplicara «la décima parte de las cosas» que él reclamó «cuando compañeros del PP se encontraban en situaciones menos graves».
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