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PARLAMENTO

Los partidos apoyan crear programas públicos de blindaje contra la corrupción

PP, PSOE y BNG respaldan la propuesta del Fiscal Superior, que apuesta por la creación de un consejo público para limitar estos delitos. Varela admite que la Justicia es «lenta» en ciertos casos y aboga por combatir «la criminalidad grave»

E. AMADO

El Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, apostó ayer por la elaboración por parte de las administraciones de «estrategias de prevención» contra la corrupción a todos los niveles, y especialmente en la tramitación de procedimientos de contratación pública, dentro de un «Plan de Gestión de riesgos de corrupción e infracciones conexas» que establecería mecanismos internos de control que servirían de «cortafuegos». El plan, que se aplicaría a la actividad del organismo público, pero también a sus dirigentes, también serviría para entablar mecanismos de comunicación a la fiscalía de posibles casos de infracción.

Uno de los elementos centrales de esta iniciativa defendida por Varela es la creación de una entidad específica de ámbito autonómico, el Consejo de la Prevención de la Corrupción, una «entidad administrativa independiente» que establecería mecanismos para blindar al sistema frente a prácticas corruptas a través de un grupo de trabajo. Este organismo, añadía Varela, mantendría una actividad paralela a la función fiscalizadora del Consello de Contas, que como es sabido estudia a posteriori la ejecución presupuestaria de las diferentes administraciones gallegas.

En comparecencia parlamentaria para repasar la Memoria de la Fiscalía del ejercicio 2010, Varela alertó en su informe del enorme impacto social que los casos de corrupción, «desde el deporte a la administración, pasando por la economía», están teniendo en la sociedad. Este impacto se sustancia en el descrédito de las instituciones y la peor fluidez de las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones.

Por ello, apostó por una figura extendida en otros países europeos, la de los planes de riesgo contra infracciones como el soborno, el abuso de poder, la información privilegiada o el tráfico de influencias.

Estos planes se gestionarían a través de departamentos específicos dentro de los organigramas de las corporaciones, con el objetivo de que no recayese únicamente en la policía y los jueces la tarea de luchar contra estas infracciones.

La propuesta de Varela contó con el beneplácito de todos los grupos de la cámara. «Apoyamos rotundamente su propuesta desde el BNG», le contestaba la diputada nacionalista Tereixa Paz. Desde el PSOE, Beatriz Sestayo comunicaba al Fiscal Superior que «no solo las acogemos con satisfacción, sino que este grupo será especialmente proactivo en estas medidas», que consideró una iniciativa «de higiene democrática absolutamente imprescindible en estos tiempos». Sestayo también se quejó de la lentitud de las instrucciones en los casos de corrupción. «Lo que más nos preocupa es el número de archivos o sobreseimientos que se producen después de investigaciones que salen en los medios de comunicación», puntualizaba.

Por su parte, la diputada del PP Paula Prado, que reprochó al Fiscal no haber incluido esta propuesta en la copia de la memoria facilitada a los grupos, pero la valoró como positiva, especialmente a la vista de procesos muy complejos en los que figuran como imputados responsables de muchas administraciones y diferentes poderes del Estado, como es la operación «Carioca», la trama luguesa que mezcla prostitución, abusos de la policía y tratos de favor en el servicio de Extranjería.

Prado también hizo hincapié las nuevas modalidades de los delitos de corrupción, en la actualidad «menos ligada a casos de urbanismo». «Ahora cambió, lo vemos en políticos del ámbito estatal: se produce fuera de los despachos», señalaba en una alusión más o menos velada a la operación «Campeón», que podría suponer la imputación del ex ministro de Fomento y actualmente diputado del Congreso José Blanco.

Simplificar los casos

El Fiscal Superior, que reconoció la necesidad de digitalizar los expedientes para gestionar mejor los casos y evitar archivos, reconoció la lentitud de la Justicia en los casos de «criminalidad compleja» en ámbitos como el empresarial, ambiental, urbanístico o funcionarial, para la que solicitó más estructuras específicas (policía, peritos y jueces especializados).

Además, apostó por «desmenuzar» los casos de corrupción más complejos, «quedarse con un núcleo duro y abrir piezas separadas», porque después «no somos capaces de cerrarlos».

En otro orden de cosas, Varela defendió los resultados de los casos de mediación familiar en Galicia y valoró la colaboración con el Instituto de medicina Legal de la USC en el diagnóstico de las «situación de riesgo» relacionadas con la violencia machista. También observó que, con los datos en la mano, no se puede asegurar que existan en la Comunidad «tramas organizadas» o una «economía del fuego» ligada a tramas urbanísticas o de cualquier otro tipo. «Si algún día sale lo diremos», añadía.

Protección a los menores

En el ámbito de la protección a los menores, desde el BNG apostaron por que «esta ola de recortes no se lleve por delante iniciativas interesantes que se habían iniciado en el ámbito de la justicia de menores». En este sentido, Paula Prado, del PP, aposto por el papel de los ayuntamientos en la gestión de medidas sustitutivas de las penas a menores, «para evitar que entren en el circuito de privación de la libertad».

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