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Los desahucios por impago se disparan un 55 por ciento hasta septiembre

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Desde que estalló la crisis, 1.367 familias han dejado sus casas por orden judicial

Día 27/12/2011 - 08.55h

Cada vez son más los cordobeses en números rojos que, ante el impago de sus hipotecas o alquileres, se ven obligados por el dictamen de un togado a abandonar sus viviendas. El reguero de desahuciados que está dejando la crisis no deja de aumentar, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que refleja que entre enero y septiembre de este año 445 familias tuvieron que dejar sus hogares por orden judicial. Esta cifra supone un incremento del 55 por ciento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando tan sólo fueron 287.

De este modo, la cifra de lanzamientos, que es como se denomina en Derecho a los desalojos forzosos, ha ido «in crescendo» desde que la recesión comenzó a hacer mella en la economía. Si en 2008 fueron 226, un año después el montante se disparó hasta los 263 y 2010 se cerró con 433. Los datos apuntan a que, con toda probabilidad, este año se superarán los 500.

Por otro lado, y en contra de la tendencia que se venía registrando desde 2008, entre enero y septiembre se registró un descenso interanual de las ejecuciones hipotecarias, esto es, la acción judicial que da por terminados los derechos de propiedad en una casa cuando el dueño deja de pagar o no cumple con las condiciones de la hipoteca.

Según los datos del CGPJ, en ese periodo se contabilizaron 786, un 9,5 por ciento menos que en 2010, cuando fueron 869.

En cualquier caso, la cifra de ejecuciones en los últimos cuatro años supera ya la nada desdeñable cifra de 4.000. Y es que, ante el aumento de la morosidad, la única opción que le queda al banco que ha concedido la hipoteca en caso de que el cliente no pueda satisfacer las cuotas mensuales es la de reclamar ante los tribunales para poder subastar el bien inmueble y así recuperar el dinero concedido.

En muchos de estos casos, estas viviendas terminarán en una puja que quedará desierta y acabarán engrosando la cartera de inmuebles del banco al valor liquidativo de subasta, es decir al 50 por ciento de su valor de tasación.

Cabe recordar, además, que el máximo órgano de gobierno de los jueces ha avisado en repetidas ocasiones que las estadísticas no dan la «idea real» de todos los inmuebles que se están ejecutando en los juzgados, ya que una única petición puede conllevar la subasta de varios bienes, de modo que «puede ser todavía más alarmante el incremento detectado», señala el CGPJ.

Otro efecto de la recesión es el aumento significativo de los despidos presuntamente improcedentes. Hasta septiembre, los cuatro juzgados de lo Social de la capital tramitaron 1.490, un 33 por ciento más que en 2010.

Más barato

El despido improcedente conlleva la indemnización al empleado de 45 días por año trabajado, con un tope de 42 meses. Por el contrario, el procedente, según la legislación laboral vigente, sólo contempla el pago de 20 días por año trabajado y el máximo es de doce meses.

El inconveniente es que, para que el despido sea declarado procedente, un juez le tiene que dar el visto bueno, y el empresario debe demostrar ante el tribunal que, efectivamente, concurren causas objetivas que llevan a la firma a prescindir necesariamente de ese empleado en concreto. Se trata de un camino más barato, pero mucho más largo y con un rimero de trámites burocráticos que, a la vista de las cifras, las empresas prefieren evitar.

Otra de las caras de la crisis que llega a los órganos judiciales es el número de reclamaciones por impago de cantidades, como el caso de los proveedores, por ejemplo.

En este caso, parece que la situación está mejorando ligeramente y que, poco a poco, se están afrontando las deudas pendientes. Según el CGPJ, en Córdoba, la reclamaciones pasaron de las 2.319 presentadas en los juzgados de lo Social en 2010 a las 2.139 registradas entre enero y septiembre de este año.

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