Pablo Soto: «Las discográficas me han tratado como a un delicuente»

Soto, en conversación telefónica con ABC y mientras brinda con una copa de cava junto a sus compañeros, recuerda los momentos amargos que ha tenido que pasar durante los últimos años en los que asegura «me han tratado como un delicuente», sometido al seguimiento de detectives, grabación de llamadas telefónicas y fotografías en su vida privada. Ahora vuelve al trabajo con las fuerzas renovadas.

—¿Qué es lo primero que ha sentido pensado cuando ha conocido el fallo de la sentencia a su favor?

—Lo primero, me he acordado de mi hermano que justo esta mañana se ha ido a Suiza a buscarse la vida, pues aquí las cosas están mal. Él me ha apoyado durante todo este tiempo y yo ahora no podía darle un abrazo.

—¿Esperaba este resultado?

—Sí, aunque tanto... tanto. En el fondo, sí. Hemos arrasado en todo lo que hemos dicho y además les han condenado a pagar las costas, lo que significa que todo lo que me he gastado en abogados lo tienen que pagar ellos

—¿Cuánto se ha gastado en estos tres años?

—No tengo la cifran final, pero un pastón. Además, en el momento que se puso la demanda trabajaban aquí siete u ocho ingenieros, y tuvimos que reducir la plantilla a tres, incluido yo. También he perdido inversores, porque quién va a invertir en una empresa que tiene un pleito de 13 millones, aunque tengas la razón.

—Esta sentencia sienta un precedente importante...

—A nivel europeo solo ha habido otro caso, en el que el Supremo dijo lo mismo. En España era el primero.

—Durante el juicio las discográficas han intentado comparar su caso con el de Napster, que fue cerrada en 1999

—Sí, pero era distinto. Napster no era descentralizado, y en Estados Unidos el sistema legal es muy diferente. Yo recuerdo que aquella sentencia me dejó alucinado, y no fui el único. Que te hagan responsable de los usos de tu herramienta es una gran inseguridad para cualquier desarrollador de sofware. Imagínese que hace un desarrollador web y resulta que hay un colectivo que lo utiliza para ver pornografía infantil, y de repente te ves corresponsable de esos delitos, u otros.

—¿Que se siente al ganar a gigantes como Warner, Universal, Emi, Sony..., que presumiblemente apelarán?

—Llevo ya muchos años en una guerra total, en la que me han hecho de todo. Me han puesto detectives privados, han hecho gestiones con la embaja de Estados Unidos para meter a España en la lista 301 para usarlo de argumento en mi juicio. Y no es que me lo imagine yo. He escuchado mis conversaciones grabadas, las fotos que me han hecho por las calle..., como si fuera yo un delicuente. Sé desde hace muchos años que lucho contra una maquinaria brutal. Pero también es cierto que cuando vas cruzando el desierto tienes poco tiempo para pensar y vas tirando, y ahora, con la sentencia en la mano, es como llegar al oasis y te derrumbas, y ya no puedes andar ni un metro.

—¿Cómo va a volver mañana al trabajo?

—Voy a hacer lo mismo que siempre. Nos volveremos a juntar unos ingenieros para seguir trabajando y desarrollando, y lo haremos con más ilusión que nunca, sabiendo este gran enemigo no puede pasar impunemente por encima de nosotros.

—¿Qué opina de lo que ha sucedido con la ley Sinde?

—La ley Sinde iba a ser ineficaz porque si una Comisión cierra una página, iban a salir veinte; y además es inconstitucional. La Constitución dice que no se puede cerrar una publicación sin una orden judicial previa. Cuando el poder ejecutivo intenta absorber competencias de otros poderes, eso es algo que ocurre en el fascismo. Que el Ministerio de Cultura tenga el poder que solo tenían hasta ahora los jueces, de decir qué página está inclumpliendo la ley y cerrarla por su propia iniciativa y sin que en la comisión esté representada la otra parte, a eso se llama censura.

—¿Cree que debe de haber algún tipo de regulación en internet?

—Creo que tiene que haberla, pero no debe ir en el sentido que entiende la industria de contenidos y del entretenimiento. La regulación debería ser como en Islandia. Lo que debe de hacer es garantizar que se remunera pero no en base a recortar derechos fundamentales del resto de la gente; y segundo, garantizando, facilitando y tutelando desde la Administración el derecho de los ciudadanos al acceso de la cultura.