terrorismo en galicia
Seis años, cincuenta atentados
Medio centenar de ataques desde julio de 2005 pueden tener como autores a miembros del grupo terrorista «Resistencia Galega», de cuya pertenencia acusa el juez a los detenidos de la pasada semana
La mano de Resistencia Galega, el grupo terrorista del que formarían parte los seis detenidos en la operación desatada en la jornada del pasado 30 de noviembre en La Coruña, Santiago y Vigo, podría estar detrás de hasta cincuenta ataques, de diferente alcance, en poco más de seis años. La formación, surgida en el año 2005 y que aglutinó a miembros radicales de diferentes organizaciones independentistas —incluida la Assambleia da Mocidade Independentista (AMI), cuya ilegalización podría estudiar la Audiencia Nacional—, trata de retomar el testigo del extinto Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (activo entre 1987 y 1991) desde el 23 de julio de 2005, cuando reventó una sucursal bancaria en Santiago con motivo del Día de Galicia.
El último golpe policial y judicial trata de desarticular al grupo, que acumuló sin cesar operaciones en el último lustro y cuya «estructura dirigente clandestina» era citada en el último informe de la Memoria de la Fiscalía General, presentado en septiembre. Entonces, la Fiscalía alertaba de la capacidad de los radicales independentistas para «cometer atentados con explosivos» y anticipaba nuevas acciones, tras un año y medio de actuaciones frecuentes, «en un futuro próximo». Mes y medio después llegaban las detenciones.
Resistencia Galega atenta siempre en suelo de la Comunidad. Sus «reivindicaciones soberanistas», explica la memoria de la Fiscalía, defienden la integración de Galicia con el Norte de Portugal. A pesar de la detención de dos activistas por el caso del 23 de julio y de la captura de otras diez personas de AMI, meses después, en la denominada operación «Castinheira», que finalizó con la busca y captura de un hombre relacionado con el Exército Guerrilheiro, Resistencia Galega no fue considerada una organización terrorista en sentido estricto hasta la reforma del Código Penal de 2010. En 2007, la policía alertaba de la sofisticación que habían adquirido los explosivos del grupo, compuesto «por unas 20 ó 25 personas». Meses antes, en septiembre de 2006, las fuerzas de seguridad se habían incautado e la localidad portuguesa de Vieira do Minho de 26 artefactos de fabricación casera junto a propaganda de la formación terrorista.
En su puesta de largo pública, a través de un manifiesto en internet, la formación anunciaba la apertura de un periodo de ataques dirigidos no contra las instituciones, sino contra sus representantes: «La nueva resistencia gallega está aprendiendo a olvidar los protagonismos, tanto personales como organizativos; no cree en vacas sagradas ni santuarios, ni en mitos muertos o vivos... Lo relevante no es lo que se golpea, sino a quién se golpea. Lo relevante no es quién organiza ni el grado de organización, sino lo certero de las acciones y el fortalecimiento de la lucha». Desde entonces, políticos, empresarios y sindicalistas de toda condición han sido su objetivo.
Además del ataque a la sede de la vieja Caixa Galicia en Santiago, que abrió la espita y supuso pena de cárcel para los dos implicados, las investigaciones apuntan a que Resistencia Galega está detrás de explosiones en Nigrán (23 de marzo de 2007) y Cangas (9 de mayo). Otro, desactivado, pretendía atentar contra una empresa cosntructora del polígono empresarial de O Ceao (Lugo), propiedad de un alcalde del PP, seis días después.
La última actuación del terrorismo independentista antes de las detenciones había sido un artefacto explosivo desactivado en un cajero en Bouzas, en Vigo. En septiembre, un artefacto dañó la sede de la Fundación Manuel Fraga de Villalba (Lugo).
El reguero de actuaciones del grupúsculo ha sido muy notorio en los dos últimos años, periodo en el que se les atribuyen ataques a las sedes del PP en Ordes, Nigrán y Gondomar; y del PSOE en Betanzos, A Estrada, Salvaterra do Miño, Salceda de Caselas y Teo. También reivindicaron alguno de los ataques en sedes sindicales producido.
Resistencia Galega está detrás de ataques en obras de infraestructuras y urbanizaciones en diferentes partes de la Comunidad. Por ejemplo, contra una obra de la empresa Puentes y Calzadas próxima a la capital gallega, en 2006; o de ataques, un año después, en las localidades de Nigrán y Cangas, las obras del AVE, la autovía Santiago-Brión o dos cajeros de Caixanova en Vigo. También se le considera autores de los artefactos colocados en las viviendas del profesor universitario Roberto Blanco Valdés y del exdecano de los jueces de Santiago, Javier Míguez.
La cantera
Además del golpe policial y judicial, la desarticulación de Resistencia Galega pasa por neutralizar su capacidad de captación de jóvenes radicalizados del entorno independentista. El informe de la Fiscalía General del Estado conocido en el mes de septiembre constataba la existencia de «una cierta cantera de reclutamiento entre los independentistas radicales integrados en los colectivos que conforman la conocida como AMI». Ahora, la propia Audiencia Nacional, que desencadenó las últimas detenciones, se muestra proclive a estudiar la ilegalización de esta formación.
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