Una Argentina próspera contrasta con la del «corralito» financiero de 2001

La banca guarda silencio sobre la cantidad de demandas judiciales aún pendientes por la retención de fondos bancarios, si bien se presume que «muy pocos» quedaron sin cobrar aunque la gran mayoría perdió mucho dinero, como dijo Juan Seliman , antiguo directivo de la disuelta agrupación Ahorristas Bancarios Argentinos Estafados.

«Muy pocos no han cobrado nada, pero la gran mayoría perdió mucha plata», aseguró luego de remarcar que sólo los bancos saben cuántas demandas judiciales siguen en pie de unas 70.000 que se calcula que pusieron a los tribunales al borde del colapso. El sábado 1 de diciembre de 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunciaba una veda a la retirada de más de 250 pesos (igual a dólares) en efectivo por semana de los bancos a partir del lunes, día 3.

Cavallo, autor en los años 90 del plan neoliberal de libre convertibilidad de un peso por dólar, intentaba evitar una crisis bancaria en medio de un programa de «déficit cero» y de una recesión que había estallado a mediados de 1998, con un índice de desempleo del 25% y una pobreza superior al 50%. Para comienzos de 2002, tras un estallido popular que dejó una treintena de muertos y provocó la renuncia del Gobierno de Fernando De la Rúa , el 20 de diciembre, Argentina había incurrido en el mayor cese de pagos de la historia financiera (unos 102.000 millones de dólares).

El Gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003), elegido por una asamblea legislativa, impulsó y logró poner fin a casi once años de una política de «uno a uno» entre el peso y el dólar como paso previo a mayores restricciones financieras sobre depósitos bancarios por unos 46.000 millones de dólares, además de reprogramar la devolución de inversiones a plazo por unos 20.000 millones.

«La mayoría de los afectados eran pequeños ahorradores, muchos de ellos jubilados, que tuvieron que conformarse con recuperar su dinero a razón de 1,4 pesos por dólar, como se les ofreció cuando el billete estadounidense se cotizaba entre tres y cuatro pesos», apuntó Seliman. Las grandes sumas retenidas fueron devueltas una parte en efectivo y el resto en bonos que ya se han cancelado, indicó el antiguo ahorrador «estafado».

«Si (Cavallo) quiso generar confianza, pues logró todo lo contrario», aseguró el empresario J uan Antonio López Diz , quien hoy se ufana de haber puesto a salvo su dinero unos días antes del «corralito». En aquellos días se sucedían los tumultos dentro y fuera de oficinas bancarias, que trabajaban con las persianas bajadas y custodia policial reforzada frente a miles de personas que acudían con la esperanza de salvar sus ahorros en medio del clamor para que «se vayan todos» los políticos.

En enero de 2002, el jubilado Norberto Roglich saltó a la fama al lograr que le devolvieran 22.000 dólares que tenía depositados a plazo en un banco, tras entrar en sus oficinas amenazando con hacer estallar una granada de mano. Roglich, fallecido hace cinco años, afrontó una condena de dos años por «extorsión y tenencia de arma de guerra» aunque luego fue suspendida, mientras se convertía en un héroe para miles de desesperados por recuperar sus ahorros, dijeron familiares.

En 2006, la cardiológica Fundación Favaloro difundió un informe según el cual unas 20.000 personas habían muerto hasta entonces a causa de enfermedades del corazón provocadas por el «corralito», recordó Seliman. Argentina «estaba fuera de sí», resumió el senador republicano David J. Rockefeller en Washington, según recuerda el periodista Pablo González, quien se encontraba en esos días en Estados Unidos.

Rockefeller formaba parte de una comisión del Senado que analizaba «qué pasaría si un país fuera a la quiebra: ellos estaban pendientes de Argentina y daban por seguro que habría cientos de muertos, lo que por suerte no ocurrió», apuntó González. La economía de Argentina acumula hoy ocho años de crecimiento a tasas del 8% anual en promedio, con niveles de desempleo del 7,2%, según datos oficiales que dan cuenta de una inflación anual de alrededor del 9% frente al 25% que calculan consultoras privadas.