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El Gobierno entierra la ley Sinde tras un tumultuoso Consejo de Ministros

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José Blanco protagonizó un duro enfrentamiento con Zapatero y el presidente tiró la toalla a pesar de que apoyaba la aprobación de la ley

Día 03/12/2011

Pocas veces una deliberación concreta del Consejo de Ministros ha terminado en un despropósito como el de ayer con motivo de la ley Sinde. ¿Por qué? A primera hora de la mañana, el ministro de la Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, confirmaba a Melchor Miralles en ABC Punto Radio que el Gobierno iba a aprobar la polémica norma antidescargas. Y explicaba con naturalidad que el texto tenía, «por supuesto, el beneplácito del PP, porque, como usted sabe, lo que aprueba un Gobierno en funciones va en acuerdo con el próximo Gobierno, absolutamente».

Ya dentro del Consejo, Jáuregui debió de sentir que se le indigestaban sus propias palabras (y que el PP iba a alucinar) cuando, tras la exposición de la ministra de Cultura y el apoyo explícito del propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el debate se fue envenenando con las dudas de caracter técnico, pero sobre todo político, que algunos ministros blandieron. El presidente, según fuentes bien informadas, trató de zanjar la cuestión diciendo que no se estaba proponiendo a debate, sino cumpliendo el mandato parlamentario para que la llamada ley Sinde (aprobada por acuerdo de PSOE, PP y CiU en febrero) llegara a ponerse en práctica.

Enfrentamiento con Blanco

Finalmente, se desató una acalorada discusión que culminó con un enfrentamiento directo entre el ministro de Fomento, José Blanco, y Zapatero. Aunque algunas fuentes aseguran a ABC que Blanco adujo como argumento de peso la rabia creciente expresada por numerosos internautas (twitter bramaba desde la noche anterior contra el PSOE), entre los que citó al bloguero Enrique Dans, y también señaló el peligro que supondría ese problema para el futuro del partido que tomaba la decisión, desde el entorno del ministro negaron que tal argumento fuera jamás empleado. También es cierto que uno de los lemas (o hashtags) más repetidos en twitter era «#PSOEdisolución».

Hay, sin embargo, un hecho muy relevante: que la revuelta en el Consejo fuera liderada por Blanco y no por el ministro de Industria, Miguel Sebastián —que también se mostró ardientemente en contra de la aprobación de la ley Sinde—, tiene una lectura política indudable. Fomento no ha participado en la confección de la norma y Blanco es vicesecretario general del PSOE. Por ello, las citadas fuentes explican este enfrentamiento personal en claves más próximas al aparato del partido y sus luchas internas que a la política del Gobierno.

Debió ser lo bastante feroz para que Zapatero arrojase la toalla y de ese modo la ley, anunciada por Jáuregui, defendida por González-Sinde, apoyada por Salgado, Gabilondo y Garmendia, fuera enterrada en una de las últimas y más embarradas grietas abiertas en el seno del PSOE.

Ciertamente, la red ardía. Poco importa que Jáuregui explicase en ABC Punto Radio el mandato parlamentario ni la doble revisión judicial con el que el proyecto garantizaba que el cierre de una web nunca pondría en peligro la libertad de expresión. La ley Sinde está muerta y enterrada y los más activos internautas han terminado engrandecidos al sentir que la voluntad del Gobierno se doblegó ante la presión de sus 140 caracteres sobre la médula de un descomunal conflicto de intereses. En favor de la ministra de Cultura está que ha luchado hasta el final por el proyecto, asumiendo el desgaste y soportando los intereses electorales del PSOE, aunque este fracaso va a definir absolutamente su mandato.

Para el PP, lo sucedido es, más que incalificable, incomprensible. Fuentes del traspaso de poderes confirmaron lo publicado días atrás por este periódico y aseguraron que no pedirán explicaciones. «El texto no era nuestro pero respetábamos el acuerdo del Parlamento». Ahora no asumen el texto y pondrán en pie su propio proyecto de regulación de la red.

«Un Gobierno incapaz»

En el entorno de las industrias culturales la indignación es mayúscula. No dan crédito. El presidente de los productores reunidos en FAPAE, Pedro Pérez, declaró a ABC que «nuestra decepción parte de los procedimientos del Gobierno, incapaz de convertir un mandato parlamentario en un instrumento eficaz, e incapaz de diferenciar los intereses probablemente partidarios de los intereses de gobierno que hoy por ayer se han contrapuesto».

Pérez añadió que «se ha distorsionado el debate: todo producto vale y alguien cobra por el servicio de internet mientras la tensión se ha trasladado a un enfrentamiento entre usuarios y creadores o productores de contenidos. La ley decía que las cosas cuestan y ahora los que sí cobran se van otra vez de rositas. Si en el producto cultural no se recuperan inversiones, ello traerá un empobrecimiento cultural».

El Ejecutivo entierra un proyecto votado por tres partidos con gran mayoría, confeccionado por tres ministerios (Industria, Justicia y Cultura), apoyado por la presidencia y por el Consejo de Estado. Mientras tanto, España sigue en la lista 301 de EE.UU. sobre países que no respetan la propiedad intelectual. «Como para pedir favores ante la situación económica al Gobierno de Obama», comenta con preocupación una fuente política.

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