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Tura quería usar el palacete incautado para justicia juvenil

El inmueble iba a alojar un centro de régimen abierto para menores condenados

Tura quería usar el palacete incautado para justicia juvenil inés baucells

JANOT GUIL

«Ya se sabe que esta cosas van lentas, pero estuvimos trabajando esta opción hasta el último día de mi mandato. Luego, con el cambio de gobierno...» La ex consejera de Justicia Montserrat Tura confirmó ayer a ABC que durante su gestión se interesó por dar un uso social al palacete situado en Pedralbes (en la calle Joan d'Alòs 24) que fue incautado a la mafia ruso-georgiana durante la operación «Avispa» que tuvo lugar en el año 2005.

Tura detalló que el departamento que entonces encabezaba respondió al ofrecimiento que en 2008 hizo el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien dictó una resolución por la que autorizaba a las administraciones públicas —las que fuera— a usar el inmueble, para fines públicos. Según explicó la ex consejera, el departamento de Justicia trabajaba con la idea de que el palacio, valorado en unos 4,5 millones, fuera a ser utilizado para acoger un centro de justicia juvenil. Concretamente: un centro de régimen abierto para jóvennes de 14 a 18 años que cumpliera condena por delitos relacionados con las drogas.

Según avanzó el pasado miércoles ABC de fuentes judiciales, sobre el inmueble pesaban dos ejecuciones hipotecarias, pero estos obstáculos se resolvieron por mediación de la Audiencia Nacional y el palacio quedó supuestamente libre de cargas para su uso por parte de la administración, más allá de que necisitara alguna reforma para adaptarlo a su nuevo destino. «Fiscalía y nosotros estábamos de acuerdo en darle este uso al palacio, pero llegó el cambio de gobierno y ya no sé cómo quedó», declaró Tura, quien ocupó la cartera de Justicia de 2006 a 2010 con el segundo tripartito que presidió José Montilla.

Morada de Onani Fuentes del departamento de Justicia, que ahora encabeza la consejera Pilar Fernández Bozal, no supieron precisar ayer dónde orilló este proyecto y si se quiere recuperar.

El palacio en cuestión era la morada de Tariel Onani, un presunto capo de la mafia ruso-georgiana que en 2005 pudo escapar de la operación «Avispa» gracias a un soplo, aunque posteriormente fue detenido en Rusia, extraditado a España para declarar ante Andreu, y actualmente está en una cárcel rusa por otras causas. Y a la espera de volver a nuestro país cuando sea juzgado.

El inmueble —que desde que fue abandonado en 2008 ha sufrido varias «okupaciones» y ha sido saqueado en varias ocasiones—, es propiedad de la sociedad Moler Limited, domiciliada en Gibraltar. En declaraciones a Efe, el abogado José María Valls, que representa a Moler Limited, responsabilizó a la Audiencia Nacional de la ocupación, porque considera que tendría que ser esta institución la que velara por su integridad.

El caso de este palacio fue denunciado el pasado martes por el fiscal anticorrupción José Grinda durante unas conferencias sobre crimen organizado celebradas en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña.

Grinda se lamentó de los obstáculos que existen en nuestro país para que los bienes incautados a las mafias que se consideren obtenidos con los beneficios de la actividad ilícita puedan cederse a la sociedad. Para que la lucha contra el crimen organizado revierta de forma palpable en el ciudadano. Sin embargo, la legislación española, explicó, concibe el decomiso definitivo de un bien como una pena accesoria o la consecuencia de la condena, por lo que, si no hay condena no se puede intervenir ese bien. La alternativa, como en este caso del palacio, es ceder su uso hasta que haya condena.

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