El pacto CC-PSOE encuentra sitio para Ríos y Saavedra

El Parlamento de Canarias fue ayer el escenario de uno de los nombramientos más controvertidos de su aún corta historia. Un nombramiento, el del socialista Jerónimo Saavedra para el cargo de Diputado del Común, deslucido más si cabe por los escaños vacíos de la bancada del Partido Popular (PP). Los miembros del grupo parlamentario que desde el martes preside el herreño Manuel Fernández —quien sustituye al congresista electo José Manuel Soria— protestaron así contra lo que juzgan parte de una estrategia «antidemocrática». Y como si la polémica no tuviese ya suficientes ingredientes, al «caso Saavedra» se suma ahora la designación del nacionalista Fernando Ríos para el puesto de Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, una ocupación inexistente hasta la fecha, lo que también ha motivado las críticas del PP por lo extemporáneo de aumentar el número de altos cargos en tiempos de crisis.

Sea como fuere, el histórico ex militante del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) —ha de dejar las filas de los del puño y la rosa por imposición normativa— sustituye desde ayer a Manuel Alcaide y añade a su currículum vítae una dignidad más. Ello es posible gracias a los 36 votos favorables para su candidatura de los diputados de Coalición Canaria (CC) y del mismo PSC-PSOE. Asimismo hubo dos abstenciones, las de los dos parlamentarios de Nueva Canarias, y muchas ausencias: todos los parlamentarios del PP y Fabián Martín, del Partido de Independientes de Lanzarote. En resumen, Saavedra es ya el Diputado del Común que menos apoyo ha recibido de la Cámara regional. Será este, como él mismo ha dicho, su último cargo público.

Horas más tarde, entonces sí con los representantes populares en sus asientos, nacionalistas y socialistas —35 votos a favor y 18 en contra— sacaron adelante la toma en consideración de la proposición de ley para modificar el reglamento del Consejo Consultivo, institución que, con el propio Diputado del Común y la Audiencia de Cuentas, integra el grupo de los órganos dependientes del Parlamento, los mismos cuya renovación pareció enquistarse sine díe hasta que CC y PSC-PSOE acordaron la solución. Solución que el PP considera una «imposición» y el fin del consenso que siempre posibilitó que la renovación de las tres instituciones no cayera en el lodazal de la discusión política, como ocurre desde la anterior legislatura.

El argumento de los de la gaviota encuentra justificación, precisamente, en la susodicha proposición de ley, que, en esencia, rebaja el número de votos necesarios para el nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo. Ahora es necesario, como mínimo, el «sí» de dos tercios de los escaños; cuando se promulgue la ley, bastará el asenso de tres quintos, es decir, de 36 diputados, justo los mismos que suman los dos partidos que sustentan al gobierno de Paulino Rivero. Con todo, el nacionalista José Miguel Ruano aún mostró la predisposición del Ejecutivo a recuperar el diálogo y aseguró que la iniciativa pretende corregir el «error» de que sean necesarios dos tercios de los votos, cuando no ocurre así en los casos del Diputado del Común y la Audiencia de Cuentas.

Más difícil de explicar podría resultarle al Gobierno de Canarias la creación del Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, puesto que ya ocupa Fernando Ríos, de CC, hasta el momento sin cargo público. Ríos Rull fue —al margen de congresista por unos meses— quien ideó una ley de presidencia que habría permitido a Paulino Rivero, entre otras cosas, disolver el Parlamento o convocar elecciones anticipadas.