La juez Alaya implica a Griñán

El nuevo auto de la magistrada, que se hace público sólo unos días después de que el CGPJ saliera en defensa de la juez tras el brutal ataque personal de Alfonso Guerra, es contundente y señala a Griñán y a su mano derecha, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. También pide información a otro de sus máximos colaboradores, el titular de Economía, Antonio Ávila. La instructora dice que las ayudas o inversiones que ascendían a más de 1.200.000 euros debían ser autorizadas por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda y recuerda que ese cargo «ha sido desempeñado por José Antonio Griñán y por Carmen Martínez Aguayo».

El escrito, de 51 folios y que solicita numerosa documentación de otras empresas, insiste en requerir a la agencia IDEA (la encargada de tramitar las ayudas ilícitas que están siendo investigadas) que le remita la copia de las concesiones en las que conste «la autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda previa a la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno y relativas a operaciones igual o superiores a 1.200.000 euros». Este es el caso, según la juez, de al menos 21 empresas. Y también pide que se identifique a todos los que fueron directores generales y secretarios generales de IDEA desde 2007 hasta la actualidad, así como las resoluciones dictadas por el presidente de ese organismo.

Pero la juez también abunda en su teoría que ya apuntó acerca de que otras empresas pudieron recibir subvenciones de otras consejerías de la Junta. Así, apunta al titular de Economía, Antonio Ávila, a quien pide que preste «la colaboración necesaria» para investigar «el presunto uso abusivo de fondos públicos». Concretamente, la juez desea que la Dirección General de Fondos Europeos le remita información por si existieran «otros grupos empresariales que se hayan aprovechado ilícitamente de esas ayudas».

La magistrada da cuenta también de que está investigando otro puñado de ayudas concedidas a la Faja Pirítica de Huelva y solicita a la Delegación del Instituto Nacional de Empleo que determine el empleo específico para el que fueron contratados 796 trabajadores, que detalla en el auto con nombres y apellidos. La magistrada sospecha que en algunos casos se rebajó la edad de prejubilación.

Para conocer más datos sobre esa nueva investigación, la juez no duda en requerir al PP, «que entonces ostentaba el Gobierno de la nación». Alaya pide al PP-A que envíe al juzgado el plan del Gobierno central para paliar la crisis de la Faja Pirítica Andaluza (de Huelva y Sevilla) porque, según argumenta, desconoce los datos. Y lo mismo le pide a la Junta de Andalucía. En esa investigación ha decidido hacer piezas separadas de cada una de las empresas mineras investigadas.

Pero las nuevas pesquisas de Alaya no acaban ahí, ya que también llegan hasta Matsa, la empresa en la que trabajó la hija del vicepresidente de Política Territorial. Así, la juez, que solicita información sobre el cierre de siete empresas mineras y las ayudas concedidas a otras tres, requiere a esa compañía en la que trabajó la hija del vicepresidente segundo del Gobierno Manuel Chaves que aporte la vida laboral de la citada empresa, y a la Agencia Tributaria que diga los ingresos que esta entidad recibió de la Junta.

Y también imputa a otro ex alto cargo de la Junta. Se trata del ex delegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, quien junto con Antonio Fernández Garzón (no confundir con el ex consejero de la Junta, también imputado) se benefició de una póliza concedida a la empresa Calderinox en la que el tomador era Comisiones Obreras, a pesar de que ninguno de los dos trabajó en dicha empresa.

Tras conocerse el nuevo auto, la oficina del Portavoz de la Junta de Andalucía negó que la investigación de los ERE apunte a Griñán y defendió que el escrito «se limita a solicitar información requerida por la representación del PP sobre la base de una falsa premisa».