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La juez pide información sobre el papel de Griñan en el fraude de los ERE

Al menos 18 firmas habrían recibido veinte millones de forma irregular del "fondo de reptiles" en el caso de los fraudes de los ERE

CECILIA CUERDO

15/11/2011
Actualizado a las 21:00h.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el supuesto fraude de ayudas públicas en Andalucía, reclama hoy en un auto a la Consejería de Hacienda datos sobre quién era la persona titular que autorizó diversas operaciones de endeudamiento por importe de 1,2 millones de euros relacionadas con 21 empresas. Cabe recordar que el último paso dado por la magistrada se refiere precisamente al área en la que fue titular el actual presidente regional, José Antonio Griñán.

Las ayudas fueron tramitadas por la Consejería de Empleo, aunque Alaya ha mostrado también su interés por extender las investigaciones a operaciones de otras consejerías. Entre otras empresas de las que solicita información se encuentra precisamente Matsa, la compañía minera en la que trabajaba la hija del expresidente Manuel Chaves y que recibió una subvención de 10 millones en un consejo de Gobierno presidido por éste.

Tras conocerse la petición de la juez, el PP ha asegurado que el mandatario andaluz y la consejera de Hacienda quedan "absolutamente inhabilitados políticamente", tras haber sido "señalados directamente" en el último auto. "Cada día está más claro que Griñán y Aguayo tienen la máxima responsabilidad en el escándalo de los ERE", ha recalcado el dirigente popular, Antonio Sanz.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha negado que los tribunales señalen a su líder como responsable y en un comunicado han anuncado que sólo se limita "a solicitar información requerida por la representación del PP sobre la base de una falsa premisa" y critica la "confusión deliberada" provocada por los populares.

Más irregularidades

Mientras la jueza continúa con la investigación, la propia Junta de Andalucía ha remitido una investigación interna en la que se constata que la dirección general de Trabajo, epicentro de las irregularidades, otorgó hasta 20 millones de euros sin ningún control a una trama de 18 empresas.

Era la propia consejera de Presidencia, Mar Moreno, la que destapaba la liebre en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno regional al explicar que la administración había remitido al juzgado el pasado 28 de octubre un informe interno con las supuestas anomalías en la concesión de ayudas y subvenciones sin cumplir los requisitos legales necesarios.

Los fondos provenían de la polémica partida 31L de ayudas sociolaborales, la misma de donde salió el dinero para las falsas prejubilaciones y que está siendo investigando a fondo tras ser calificada como un “fondo de reptiles”. Las estimaciones de la Junta cifran en 30 millones de euros el dinero total defraudado, ya que el gasto de los intrusos en los ERE anómalos rondaba los nueve millones.

Según ha detallado la portavoz, ahora las beneficiarias serían 18 empresas relacionadas a través de un grupo de siete personas que aparecen reiteradamente en el organigrama de las mismas. Estos individuos estarían a su vez vinculados al que fuera director general de Trabajo de la Junta, Francisco Guerrero, considerado responsable del fraude de los intrusos en los ERE.

Moreno ha resaltado que, al igual que ocurre con los falsos prejubilados, la trama de empresas tiene una “clara delimitación territorial”, y estarían ubicadas en la Sierra Norte sevillana, comarca donde también se encuentra el municipio del que fue alcalde Guerrero. Asimismo, las siete personas que conformarían la trama también tendrían relación con el exalto cargo, por lo que la Junta insta a la jueza a que los cite a declarar como imputados.