El Consell prevé el mayor ahorro del gasto público de todas las autonomías

El Ejecutivo que preside Alberto Fabra se encuentra en el grupo de ocho autonomías que han aprobado ya el anteproyecto de ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, a pesar de que el Gobierno central se ha negado a presentar las previsiones de crecimiento económico y, en consecuencia, de evolución de los ingresos públicos —el 70% de la recaudación de las autonomías procede de impuestos estatales— para 2012.

Precisamente ése ha sido el argumento que han empleado autonomías gobernadas por el Partido Popular como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia o Extremadura, para no registrar sus cuentas del próximo año. Cataluña, gobernada por los nacionalistas de CiU, tampoco ha puesto fecha a la aprobación de su presupuesto. Una actitud que ha merecido el reproche por parte de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. Murcia, Asturias, Cantabria y La Rioja tampoco han dado el visto bueno a sus cuentas, a la espera de la celebración de las elecciones generales.

La Generalitat, sin embargo, abogó por «no declinar su responsabilidad —conforme declaró a ABC su vicepresidenta, Paula Sánchez de León— y ha optado por diseñar un presupuesto «extremadamente prudente» desde el punto de vista de los ingresos, al tiempo que «austeros con mayúsculas».

De hecho, el PSPV había azuzado en los días previos al 31 de octubre —la fecha que marca como tope la ley de Hacienda para la presentación del Presupuesto— el «fantasma» de una hipotética prórroga con el argumento de que el Consell pretendía esconder sus intenciones en materia de recorte del gasto público hasta después de las elecciones generales previstas para el próximo 20 de noviembre.

El Ejecutivo autonómico, en cambio, aprobó las cuentas en tiempo y forma. Lejos de ocultar sus directrices políticas, el Gobierno de Fabra ha aprobado las cuentas más restrictivas de la historia en términos porcentuales y absolutos, que contemplan un ahorro de 1.000 millones del que quedan a salvo las partidas sociales, que acaparan el 84%. Las consellerias de Sanidad, Educación y Justicia y Bienestar Social prácticamente salen indemnes de la reducción del gasto público, que se ha centrado especialmente en el apartado de las empresas públicas, cuya dotación cae en 1.149 millones. La inversión, con 1.000 millones menos, y las subvenciones, también han resultado sacrificadas en beneficio del mantenimiento de la prestación de los servicios públicos esenciales. Mientras, el Consell pretende presentar en enero un plan de pagos a sus proveedores.

La reducción del 6,4% que experimentarán los Presupuestos de la Generalitat contrasta con la subida del 8,5% prevista por el Gobierno de Baleares, presidido por el dirigente del Partido Popular José Ramón Bauzá. En Andalucía, después de dos años de descensos, la Junta que dirige el socialista José Antonio Girñán ha previsto un incremento del gasto del 1,1%. En Canarias, las cuentas registran un crecimiento del 1,4%.

Mientras, los populares Esperanza Aguirre (Madrid) y Alberto Núñez Feijóo (Galicia) han optado por congelar los presupuestos. Navarra, por su parte, recorta el gasto un 2,95%, mientras que el País Vasco deja el descenso presupuestario en el uno por ciento. Aragón, presidida por la popular Luisa Fernanda Rudi, todavía no ha aprobado sus cuentas, pero el Ejecutivo regional ya ha anticipado un descenso del gasto cifrado en el cinco por ciento. En cualquier caso, lejos del 6,4% plasmado ya negro sobre blanco por la Generalitat.