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Teodoro González Ballesteros: «En España no existe separación de poderes

El doctor en Derecho y periodista publica «Diccionario Jurídico», un exhaustivo manual para entender y usar bien el lenguaje de las leyes

Día 02/11/2011 - 10.30h

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Bono llegó a la presidencia del Congreso en 2008 y sorprendió con el sorteo por «insaculación». Hace casi un año, Rubalcaba anunció el primer «estado de alarma» en la historia democrática de España. En plena avalancha de recortes, se gastarán en 2011 casi seis millones de euros en lo que llaman «memoria histórica»... Ha costado entender al Gobierno de Zapatero, pero quizá podría haber ayudado a comprender sus inusuales términos el «Diccionario Jurídico» (Editorial Dykinson) que acaba de publicar Teodoro González Ballesteros, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense.

En sus 2.023 páginas recoge varios cientos, miles, de voces relacionadas con la Justicia y la estructura política nacional y europea. Aunque no solo incluye definiciones, siglas o frases en latín. El exhaustivo libro de consulta para profesionales es también un manual práctico para saber cómo cambiarse de apellido, reaccionar ante una carta de despido, pedir la baja o una hipoteca... Contado desde la claridad y la amenidad con las que quien fue primer rector de la Universidad Rey Juan Carlos afronta el Derecho y lo practica: «Non scholae sed vitae discimus» (No aprendemos para la escuela, sino para la vida). Así lo advirtió Séneca, y así lo recoge el profesor González Ballesteros.

—¿Es necesario que el lenguaje jurídico sea tan complejo y arcaico como habitualmente parece?

—Podría ser mucho más sencillo, sin llegar al extremo del juez que ha escrito una sentencia en verso, pero eso requiere tiempo. Habría que hacer las leyes más inteligibles, sabiendo, además, que los magistrados tienen su lenguaje. A veces, a mí mismo me cuesta entender los términos jurídicos.

—Y eso que ahora todos jugamos a ser jueces... ¿Le parece bien que se debata en los medios sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados?

—Los medios tienen la obligación de informar sobre aquello que produce alarma social: la corrupción política y económica y los delitos que afectan a la parte más sensible de la sociedad, los menores, y los relacionados con la sexualidad. Contar esto me parece correcto. Otra cosa es que especulemos cada día si el juez hace bien o mal.

—¿Eso es compatible con la independencia de la Justicia?

—El juez es un profesional con una formación muy fuerte y ciertas seguridades, por lo que no se deja influir por los medios. Ni mucho menos.

—En ese frecuente manejo de asuntos judiciales en la prensa, ¿cometemos muchos errores lingüísticos?

—Bastantes. Un ejemplo reciente: en el juicio por la desaparición de la pobre Marta del Castillo, se habla de «asesino confeso», cuando es homicidio. Probablemente, al lector le sea indiferente, pero en el asesinato hay alevosía y premeditación. Sería muy aconsejable que en la prensa se supiera matizar.

—Los órganos judiciales tampoco merecen muchos elogios últimamente.

—No. No existe separación de poderes en España, y un sistema democrático no puede existir sin ella. Si el poder judicial no es independiente y el Gobierno interviene en el nombramiento de jueces y magistrados, algo se hace mal. Otro problema es la lentitud. No hay sentencia que afecte a un derecho fundamental que no tarde al menos siete años en llegar al Supremo.

—El ordenamiento jurídico español incluye los estamentos europeo, estatal, autonómico; tratados y convenios internacionales... ¿Es viable una estructura tan compleja?

—Hasta ahora, sabíamos que la Constitución era la máxima norma jurídica y nadie podía ir en contra. Pero desde la entrada en vigor del tratado de la UE, pasa a ser este la norma más básica. En un reciente caso de contaminación del río Henares, intervinieron el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, el Gobierno central y la UE. Cuatro jurisdicciones. Muy a menudo los jueces preguntan al Tribunal Europeo cómo aplicar la norma de una directiva europea, y en el cómo se llevan años.

—¿Tiene sentido que una comunidad pueda prohibir los toros mientras en las restantes son legales?

—Estas son las barbaridades que se crean ante la falta de determinadas normas de ámbito estatal.

—Lo mismo sucede con los tribunales: Juzgados de Paz, Tribunal Supremo, Constitucional, de Cuentas, de Justicia de la UE, Europeo de Derechos Humanos, Tribunales Militares o Corte Penal Internacional...

—No hacen falta tantos. Tenemos un Tribunal Supremo con cinco salas que es el órgano máximo de la justicia ordinaria. Debajo, diecisiete Tribunales Superiores, de las diecisiete autonomías. La Audiencia Nacional es una jurisdicción especial no contemplada, y algunos creemos que no es necesaria. A lo mejor ya es el momento de que desaparezca como tal. Y luego, muchos juzgados que se han creado con jurisdicciones especiales, como los mercantiles o de violencia de género, que no hacen falta.

—En su diccionario recoge y explica más de una docena de impuestos vigentes en España. ¿Son necesarios?

—Creo que no. Los ciudadanos tenemos dos formas de participar en la vida pública: votar, que es voluntaria, y pagar impuestos, que es involuntaria. España debería reducir el gasto público, que se ha reproducido sin fin en las diecisiete autonomías.

—Como profesor, ¿encuentra una juventud tan apática como se dice?

—Lo que me preocupa más es que me enfrento a una juventud muy mal preparada. La enseñanza es muy deficiente. En general, las nuevas generaciones no están acostumbradas a pensar. Han nacido con el derecho a ser felices, que supone hacer lo que quieran, y además tienen derecho a que les hagamos felices.

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