Aragón recurre ante el Supremo el Plan de Gestión de Cuencas de Cataluña

El plan presentado por la Generalitat ha contado desde un primer momento con el rechazo frontal del Ejecutivo aragonés. Ya en su día, en concreto en septiembre del año pasado, el Gobierno de coalición PSOE-PAR, presidido por Marcelino Iglesias, presentó las alegaciones oportunas e interpuso sendos recursos contencioso-administrativos.

Finalmente, el pasado 22 de septiembre el Boletín Oficial del Estado publicaba el Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, sin tener en cuenta las alegaciones de la Comunidad aragonesa. Fue entonces cuando las Cortes de Aragón, a través de una proposición no de ley, instaron al Gobierno aragonés a que tomara cartas en el asunto. Un mes después, el Ejecutivo de Rudi ha decidido dar un paso más allá y recurrirá ante Tribunal Supremo el citado plan de la Generalitat.

El objetivo de este recurso es pedir la nulidad del plan «para preservar la unidad de cuenca», según explicó ayer el portavoz del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, tras el Consejo de Gobierno. Mientras el Tribunal dicta sentencia, Aragón pedirá su suspensión cautelar. El plazo límite para presentar el recurso es el próximo 22 de noviembre y los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómica ya están trabajando en ello.

Extralimitaciones

Las quejas de Aragón van en dos sentidos. Por un lado, la Comunidad asegura que este plan otorga a la Generalitat competencias en la gestión de ríos que discurren por ambas regiones. Es decir, se extralimita en sus competencias. Además, incorpora a las cuencas catalanas recursos hídricos de la Cuenca del Ebro.

Por otra parte, el Gobierno aragonés considera que el plan rompe con el principio de unidad de cuenca, al intentar gestionar por separado recursos hídricos de toda una Cuenca, la del Ebro. De hecho, el Ejecutivo de Rudi anunció ayer que se opondrá a cualquier propuesta de planificación hidrológica que rompa el principio de unidad de cuenca, «defendiendo siempre el respeto a dicho principio en la planificación concertada entre el Estado y las comunidades».