El bolsillo colectivo de los aragoneses, hecho añicos

Gastar sin mesura es una irresponsabilidad manifiesta. Pero más grave aún es que ese gasto irresponsable, en ocasiones, se ha llevado a cabo por el Gobierno autónomo sin ajustarse a normas elementales de legalidad —o cuando menos transitando conscientemente por su filo—. Así lo ha puesto de manifiesto la auditoría realizada en los últimos meses por la Intervención de la Administración autonómica, por encargo del nuevo Ejecutivo presidido por Luisa Fernanda Rudi, y cuyas conclusiones se han conocido recientemente.

Las aristas de esta situación son múltiples: un agujero financiero que ahoga las cuentas públicas; una gestión censurable por la que deberían responder quienes la pusieron en práctica; y unas consecuencias que maniatan económicamente a quienes los ciudadanos han dado la responsabilidad del Gobierno de la Comunidad.

Han aparecido facturas en los cajones por servicios que no tenían soporte presupuestario, encargos realizados por quienes no estaban legalmente autorizados para ello, desfases de órdago en partidas presupuestarias, una maraña de empresas y entidades públicas que, en ocasiones, se han erigido como administración paralela manejada al calor de la conveniencia política de partido; una deuda pública multiplicada en pocos años; fundaciones y consorcios autonómicos que no han cumplido con la más elemental obligación de rendir cuentas anuales...

La sombra que ha dejado en las finanzas públicas el anterior Gobierno aragonés es la de una nube demasiado espesa.

La auditoría ha sacado a la luz facturas por valor de 46,8 millones de euros que ni siquiera tenían soporte presupuestario; partidas de presupuesto que, a pesar de haberse agotado, han seguido acumulando gastos extra por más de 400 millones de euros en su conjunto durante este año; empresas públicas instaladas en las pérdidas de forma recurrente; una deuda que, solo en la Sanidad pública, ronda los 400 millones de euros este año; una estructura pública sobredimensionada que hipoteca anualmente, entre personal y gasto corriente, mucho más de 2.000 millones de euros en un presupuesto real que no llega a los 5.000 millones; una deuda total en la Administración autonómica que prácticamente se ha triplicado en poco más de tres años, al haber pasado de 1.517 millones en 2008, a los más de 3.300 a que asciende en la actualidad. Y, por si todo eso fuera poco, una serie de gastos comprometidos para años futuros de 8.042 millones de euros, que caen como una losa en un bolsillo público que ha quedado hecho añicos.

Empresas públicas

Uno de los problemas que hay sobre la mesa y a los que tendrá que hacer frente de inmediato el Gobierno de Rudi es el de poner orden en una Administración pública con excesivas ramificaciones. Porque, mientras el paro ha escalado en Aragón de forma acelerada hasta morder el día a día de 100.000 aragoneses, el gasto público no ha dejado de aumentar sin que eso haya tenido reflejo positivo alguno para el mayor problema que atraviesa la sociedad: el desempleo, el cierre de empresas, la crisis.

Durante años, además, la estructura del sector público aragonés ha sufrido una injustificada expansión con la aparición de una Administración paralela en forma de empresas públicas, fundaciones, consorcios... Un entramado de entidades más cómodas de manejar, menos encorsetadas a la transparencia obligada de la Administración pública propiamente dicha.

Durante años, la oposición había estando alertando de una gestión empañada, de contrataciones bajo sospecha, de operaciones económicas dudosas, cuando no de fiascos incontestables. El Gobierno aragonés está presente en 37 empresas públicas y, además, participa en 65 empresas privadas. Dinero público, en definitiva, en un centenar de empresas, que suman también una larga lista de contratados, no pocos de ellos en condiciones privilegiadas. Sorprende que la cuarta parte de la plantilla total de las empresas públicas —más de mil empleados— sean directivos o miembros de los consejos de administración. O que este entramado de compañías acumulen ya una deuda de unos mil millones de euros.

Hay casos plenamente justificados de fondos públicos invertidos en empresas, en sectores estratégicos a los que ha sido recomendable apoyar. Pero también hay casos de empresas cuya gestión ha sido más que dudosa, su utilidad también, aunque haya habido un interés político manifiesto por mantener esos reductos. Hay un dato insoslayable: de las empresas en las que el Gobierno autónomo es el accionista mayoritario, solo siete dan beneficios. Tampoco han faltado operaciones realizadas en alguna de esas empresas públicas que, según ha detectado la auditoría, no se regían precisamente por la lógica empresarial o de mercado, pero ventajosas para quienes participan en ella, en esa órbita en la que se mezcla lo público y lo privado en los aledaños del poder político.