Rajoy reformará la Ley de Subvenciones para que no se concedan «sin justificación»

Una de las medidas más destacadas es la reforma de la Ley de Subvenciones para hacerla más exigente y que no se concedan «sin nombre y sin causa justificada», advirtiendo que éstas no pueden ser «discrecionales y se tienen que basar en el principio de libre concurrencia». Rajoy también se ha comprometido a «garantizar la independencia y profesionalidad de los organismos reguladores y del Banco de España» , calificando de «espectáculo» lo sucedido en los últimos días, en los que «se ha producido una fuga de cargos del Gobierno socialista para instalarse en los órganismos reguladores buscando nómina y cobijo». En este sentido, adelantó que « reduciremos la proliferación de organismos reguladores y reforzaremos las mayorías del Congreso para su elección . No es serio que altos cargos del Gobierno se coloquen en la Comisión Nacional de la Energía y en otros».

Rajoy también está dispuesto ha aprobar una Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y a reforzar los controles para que los políticos no asuman compromisos de gastos no justificados. Esta medida la explicó así: «No se pueden dejar facturas en los cajones sin que nadie responda de ellas». Otro de sus objetivos es la firma de un Pacto Territorial por la Austeridad y la Eficacia, contando para ello con la Conferencia de Presidentes y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El presidente del PP también quiere crear una «cartera de servicios comunes» para la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como aprobar una Ley de Unidad de Mercado «que ponga fin a la libre concurrencia de bienes y servicios en el territorio nacional».

Este amplio decálogo de medidas que se incorporarán al programa electoral también contempla la reducción de trámites administrativos para que una empresa se pueda crear en 24 horas , «tiene que haber normas mas claras y entendibles, menos burocracia y más rapidez». Igualmente, está dispuesto a aprobar en los primeros cien días una Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Función Pública», con el objetivo de que «los ciudadanos sepan como se ejercen las políticas públicas. Nada tiene por qué ser secreto».

Esta «estrategia de regeneración democrática» considera que tiene que ponerse en marcha con el concurso de todos, aunque señala que «no podemos estar de acuerdo en todo, pero hay que avanzar juntos en el camino de las reformas».