El Gobierno ignora un centenar de escritos de los regantes alicantinos

Más de cien escritos sin contestar. Así se resume la relación que mantiene en los últimos años la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí. El deterioro en las relaciones entre el organismo de cuenca y los usuarios alicantinos no ha hecho sino agrandarse desde que, hace ya seis años, el Ministerio decidió unilateralmente cambiar la toma del trasvase Júcar-Vinalopó.

Tras una primera fase de agrio enfrentamiento institucional, que cristalizó incluso en varios contenciosos entre regantes y Aguas del Júcar —la empresa pública que promovía las obras del trasvase, hoy integrada en Acuamed—, la Junta de Usuarios que preside Andrés Martínez ha tratado de volver a la senda de la colaboración institucional, aunque sin demasiado éxito. Pese al clima de entendimiento que logró instaurar en sus últimos meses como conseller el fallecido José Ramón García Antón, la CHJ viene ignorando reiteradamente todos los intentos de acercamiento protagonizados por los regantes.

A fecha de hoy, según fuentes de la Junta de Usuarios, han remitido ya más de un centenar de escritos oficiales al organismo de cuenca que han quedado pendientes de respuesta. Entre los documentos remitidos se cuentan diversas propuestas de consenso en torno al Júcar-Vinalopó —como el recurso a los «bancos de agua», adelantado ayer por ABC—, peticiones como la del análisis de calidad del agua almacenada al final de la transferencia (en el embalse de San Diego), y otras solicitudes de información.

El penúltimo capítulo del desencuentro entre Gobierno y regantes se vivió el pasado mes de julio, cuando la CHJ decidió elevar al Consejo del Agua un borrador del plan de cuenca que elimina 18.000 hectáreas de regadío alicantino, y 40.000 en toda la Comunidad. Pese a la oposición de regantes, Consell y ayuntamientos, el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, elevó el documento sin someterlo a votación. El organismo de cuenca tampoco ha respondido al manifiesto firmado por asociaciones de regantes de la Comunidad para revisar el plan de cuenca.

La falta de interlocución incluso amenaza con inutilizar la tubería del Júcar-Vinalopó, que ha costado 303 millones de euros. En tanto CHJ y regantes no firmen un convenio de adhesión —el fin último del nacimiento de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó—, la transferencia no tendrá solicitudes de caudal y, por tanto, no tendrá uso. Y dado que el organismo de cuenca se niega a responder a las solicitudes de análisis de la calidad del agua, todo indica que la firma de dicho convenio queda aún lejos en el tiempo.