Medio Ambiente planifica la demolición de El Algarrobico

Las administraciones parecen estar dispuestas a demoler el hotel más polémico del país, cuyas horas podrían estar contadas. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y la Junta de Andalucía han comenzado a redactar un convenio bilateral en el que se plasmarán las competencias de cada administración a la hora de derruir el hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en la localidad almeriense de Carboneras. Una medida que se pretende llevar a cabo en el momento en el que haya resolución judicial firme que ratifique las anteriormente dictadas y que destacan el daño ecológico de esta construcción que se encuentra en pleno parque natural de cabo de Gata.

Fuentes del MARM confirmaron a este periódico que se está elaborando este protocolo, aunque dejaron muy claro que «siempre respetando el Estado de derecho» y teniendo en cuenta que «se está a la espera de una resolución judicial». Los promotores del establecimiento han sufrido hasta ahora dos importantes varapalos en los tribunales: el juzgado de Instrucción número 2 de Almería declaró nula la licencia de obra en una sentencia emitida en septiembre de 2008 y el Tribunal superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha calificado los terrenos como «espacio natural protegido» y «no urbanizables».

Pero las continuas denuncias y recursos están enquistando una cuestión que se inició en los 90 y que ha llegado al Tribunal Supremo. La acción llevada a cabo la semana pasada por unos activistas de Greenpeace parece haber reactivado el interés de las administraciones y han comenzado a redactar el convenio de demolición.

La responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, tras una reunión con la secretaria de Estado para el Cambio Climático y la Biodiversidad, Teresa Ribera, y el director general de Costas, Pedro Antonio Ríos, explicó que ambos miembros del Gobierno central le trasladaron su «compromiso» para restituir el paraje a su estado original y que «en breve» se conocerán detalles del protocolo a seguir con la Junta de Andalucía.

No obstante, según los primeros datos que han trascendido del acuerdo, el Ministerio financiaría la demolición del hotel, mientras que la Administración andaluza sería la encargada de gestionar el desescombrado de los residuos y de la reconstrucción del paraje natural. Teresa Ribera declaró que el Gobierno mantiene desde 2005 «la misma posición firme» en contra de esta instalación. «Entendemos que el hotel no debería estar ahí y nos comprometemos a financiar su demolición, pero estamos pendientes de la resolución de los tribunales», añadió.

«No hay retorno», manifestó la activista de Greenpeace a Ep, quien dio por «cerrada» la oficina temporal que una docena de ecologistas de Greenpeace abrieron la pasada semana en el hotel para solicitar este compromiso antes de la celebración de las próximas elecciones generales. Una acción que encontró respuesta en la postura de los vecinos y empresarios de la zona que defienden que el establecimiento revitalizaría la economía local.