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La Fiscalía eleva hasta 60.000 euros las multas solicitadas a parcelistas ilegales

La medida surge ante las dificultades para conseguir sentencias de derribo y porque a muchos acusados se les suspende la pena de prisión

Día 12/09/2011 - 10.23h

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Pese a la petición reiterada por parte de la Fiscalía cordobesa de la demolición de aquellas edificaciones que atentan contra la ordenación del territorio, lo cierto es que existen muchos problemas para la restauración de la legalidad perturbada a través del derribo. Y es que en muy escasos supuestos se viene acordando en las sentencias condenatorias la demolición de lo construido.

Así, los infractores son condenados a prisión y multa, y, como la mayoría no suele tener antecedentes, se les conceden los beneficios de la suspensión de la condena. El resultado es evidente: el delincuente consigue irse «de rositas». Terminan logrando su propósito con el pago de una multa escasísima.

Por ello, el Ministerio Público ha optado por elevar la cuantía de las sanciones que solicita para que los que incumplen la ley. De este modo, si no puede tirarles las casas, al menos les castiga persiguiendo el beneficio ilícito del delito.

De este modo, si hasta ahora las multas solicitadas por la Fiscalía estaban entre los 3.000 y 6.000 euros, ya están llegando peticiones, en algunos casos, de hasta 60.000 euros.

La Fiscalía incorpora ahora, para valorar la situación, un expediente administrativo que se remite por la Gerencia de Urbanismo en el que se hace una valoración de lo construido según los criterios del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental y sobre la misma, conforme a la LOUA, se establece la sanción a imponer en vía administrativa.

Además de sanciones más fuertes, se propone incluso el comiso de la vivienda en los casos en los que no haya que demoler. Así, si después de pagar la multa, el acusado decide vender su casa, la Fiscalía opta por quedarse con la ganancia del vendedor.

No es la primera vez que el Ministerio Público cordobés decide aplicar mano dura a quienes cometen delitos contra la ordenación del territorio. Ya en 2006 acordó endurecer las medidas contra las construcciones ilegales en toda la provincia. Entonces, los fiscales prepararon una instrucción sobre normas de funcionamiento para la solicitud de adopción de medidas cautelares y, de forma sistemática, la demolición de las viviendas ilegales.

En vista de los datos, parece que este trabajo está dando resultado, al menos, en Medina Azahara. Así, durante el pasado año, no se detectaron nuevas edificaciones en el entorno de la ciudad palatina, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Motivos

Al descenso contribuye, además, la mayor presión pública desde todos los frentes: «El mayor cumplimiento de la legalidad administrativa, el compromiso institucional de las administraciones local y autonómica, la función de prevención general que realizan algunos acertados pronunciamientos judiciales condenatorios, la adopción de justificadas medidas cautelares o la labor de formación continuada desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como su mejor coordinación por el Ministerio Fiscal», recoge la última memoria de la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía.

La fiscal Consuelo Fidalgo, delegada de la Sección de Medio Ambiente cordobesa y redactora de este apartado, añade la mejora en la recogida de datos informáticos y la crisis económica: se construye menos y, por tanto, se delinque menos en este frente. En contraposición a los terrenos del yacimiento arqueológico, libres de nuevas edificaciones, las zonas en las que sí se ha detectado la presencia de parcelas incipientes se localizan en varios municipios de la provincia. Entre ellos, destacan Villafranca, también en el término de Castro del Río, así como en algunos núcleos de la localidad de Lucena y sus inmediaciones. Precisamente, entre las últimos casos que se juzgarán este mes figura el instruido contra un constructor que entre 2008 y 2009 se levantó una vivienda en Villafranca, concretamente en el paraje de la Vega, en suelo catalogado como «no urbanizable». En su calificación, a la que ha tenido acceso este periódico, el fiscal solicita, junto a la pena de un año de prisión y la demolición de la casa, una sanción que asciende a 6.000 euros, así como la inhabilitación del acusado durante 12 meses.

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