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Derecho a Vivir pide cárcel para la consejera andaluza de Salud por inducción al suicidio

La asociación provida se querella contra la responsable sanitaria de la Junta, el hospital y los médicos por la retirada de la alimentación a la paciente Ramona Estévez en Huelva

Derecho a Vivir pide cárcel para la consejera andaluza de Salud por inducción al suicidio EFE

MANUEL TRILLO

La Asociación Derecho a Vivir ha presentado esta mañana en los juzgados de Huelva una querella contra la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero , por los presuntos delitos de omisión del deber de socorro y de inducción al suicidio, en relación con la retirada de la sonda nasogástrica que alimentaba a la paciente Ramona Estévez, de 90 años y en situación de coma . El segundo de estos delitos está penado, según el Código Penal, con entre cuatro y ocho años de prisión.

En la querella, presentada como acción popular por el portavoz de Derecho a Vivir, Eduardo Gómez, también se atribuye el delito de omisión del deber de socorro a la dirección del hospital Blanca Paloma de la capital onubense, donde se encuentra ingresada la paciente, y al equipo médico encargado de su atención.

Según el abogado de la asociación provida, Nicolás Morón Pendás, en la querella se pide aplicar medidas cautelares para que se restablezca la alimentación a Ramona Estévez y evitar así su fallecimiento.

Muerte «por hambre y sed»

El letrado ha explicado a ABC que la alimentación con la sonda a esta paciente no supone un «encarnizamiento médico» ni un «alargamiento» innecesario de la vida y que, en caso de que muera, lo hará «por hambre y sed, no por el derrame cerebral».

Morón indica también que no existe prueba alguna de que la enferma hubiera manifestado el interés en que se tomara esa medida de forma consciente , tan solo consta lo que dice su hijo que transmitió de forma verbal, así como tampoco un informe médico que certifique que la situación es irreversible.

Además, señala que la llamada Ley de Muerte Digna de Andalucía, en la que la Junta se basa para la retirada de la sonda, obliga a que un comité ético emita un dictamen, pero la asociación «tiene entendido» que el hijo de Ramona planteó la cuestión a las nueve de la mañana y se autorizó por la consejera a las 16 hoars, con lo cual «o no hubo reunión del comité ético o se prodjo de forma excesivamente liviana», apunta.

Un juzgado de Huelva archivó una denuncia presentada el pasado viernes por Derecho a Vivir en la que pedía restablecer la sonda nasogástrica a Ramona Estévez. Según explicó la Fiscalía a Ep, la asociación «no tiene legitimación» para realizar esta petición, ya que «no es parte interesada en el procedimiento y no se aportan indicios de que haya habido delito».

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