AYUDAS QUE NO LLEGAN
La penosa "lista de espera" de las víctimas del terrorismo en Aragón
La Ley de Apoyo que se aprobó para ellas en 2008 quedó frenada por no aprobarse su reglamento para aplicarla en la práctica. El Gobierno de Rudi se ha comprometido a agilizarlo
El 17 de junio de 2008, las Cortes de Aragón, aprobaron la Ley autonómica de Víctimas del Terrorismo. El consenso se impuso y salió adelante una ley que planeaba como asignatura pendiente en Aragón desde hacía años. Se aprobó y entró en vigor, pero no se ha podido aplicar todavía, porque lleva años pendiente de aprobación el reglamento imprescindible para desarrollar el contenido de dicha ley. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se ha lamentado amargamente por ello. Critica que, después de más de tres años de haber entrado en vigor, siga sin estar listo el reglamento imprescindible para que, de forma efectiva, puedan llegar las medidas de apoyo social, psicológico, legal y de resarcimiento económico que contempla el texto aprobado por las Cortes de Aragón en junio de 2008. La AVT considera que esto consta como amargo «debe» en la etapa del ya ex presidente Marcelino Iglesias y, por lo mismo, insiste en que es urgente desarrollar esta ley. El Gobierno de Luisa Fernanda Rudi se ha comprometido a hacerla efectiva esta legislatura, y la AVT insiste en que debe hacerse con rapidez.
Mientras tanto, muchas decenas de víctimas del terrorismo están en «lista de espera» en Aragón. Los beneficios de dicha ley se extienden tanto a aragoneses que hayan sido víctimas de atentados terroristas —dentro o fuera de Aragón— como a aquellos que, no siendo aragoneses, hubieran sufrido un atentado terrorista en esta región. Los beneficiarios son tanto las víctimas directas como sus cónyuges y «los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y aquellas otras personas que convivan de forma estable con la víctima y dependan de la misma».
La AVT subraya que, para que realmente esa ley sea efectiva y justa, es necesario cumplir dos requisitos. De una parte, que se apruebe el reglamento que debe desarrollarla, un reglamento que se anunció en varias ocasiones en la pasada legislatura, pero que aún no está aprobado. Y, de otra parte, que se modifique el articulado de la ley en un apartado que la AVT ve esencial: el año desde el que se aplican sus efectos. La ley aragonesa de apoyo a las víctimas del terrorismo establece, tal y como quedó aprobada en junio de 2008, que se aplica exclusivamente a los atentados ocurridos desde el 10 de agosto de 1982. El legislador marcó esa fecha porque fue el 10 de agosto de 1982 cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón. Pero la AVT cree que no tiene sentido, porque deja fuera a víctimas de atentados terroristas que no deben ser discriminadas, porque nada las distingue —ni debe distinguirlas— del resto.
Hotel Corona, Cafetería Rolando...
Con la actual ley en la mano, se queda fuera el atentado contra el Hotel Corona de Aragón, ocurrido en Zaragoza el 12 de julio de 1979, en el que murieron 78 personas y otras 114 resultaron heridas. Pero también queda fuera, por ejemplo, el atentado cometido por el Grapo el 22 de noviembre de 1980, en el que fue asesinado el coronel de Aviación Luis Constante Acín. O el atentado del 13 de septiembre de 1974 cometido en la Cafetería Rolando de la madrileña calle del Correo, que dejó doce muertos, entre ellos una pareja aragonesa de recién casados: Antonio Alonso Palacín, de 30 años, y María Jesús Arco Tirado, de 26. Se habían casado en la localidad zaragozana de Contamina —comarca de Calatayud— el 7 de septiembre de 1974. Estaban en Madrid en viaje de novios y la fatalidad hizo que seis días después de la boda estuvieran en la cafetería Rolando cuando fue destrozada por un artefacto explosivo.
¿Tiene sentido que todos esos atentados queden excluidos de la Ley Aragonesa de Medidas a Favor de las Víctimas del Terrorismo? El vicepresidente de la AVT y delegado de esta asociación en Aragón, José Marco Jalle, es rotundo: no tiene sentido y no sería de justicia. Por eso, la AVT reclama que, mientras se aceleran los trámites para aprobar el reglamento que haga efectiva la aplicación de dicha ley, ésta sea reformada para que abarque en igualdad de condiciones a las víctimas de atentados terroristas anteriores al 10 de agosto de 1982.
El azote terrorista
Los aragoneses han vivido de lleno el azote del terrorismo de los Grapo, de ETA y también de los atentados islamistas del 11-S en Madrid.
Algunos de los más brutales atentados de ETA han ocurrido en esta tierra, como el coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987, en el que murieron 11 personas —entre ellas cinco niñas— y otras 88 resultaron heridas. O el atentado contra el autobús de la Academia General Militar, el 30 de enero de 1987, que dejó dos muertos y 35 heridos.
El 20 de agosto de 2000, dos jóvenes guardias civiles eran asesinados en Sallent de Gállego (Huesca). El 6 de mayo de 2001, el presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad, fue abatido cuando se iba con su hijo a ver un partido de fútbol. El 30 de mayo de 2003, el policía nacional Julián Embid Luna, natural de Saviñán (Zaragoza), moría al estallar una bomba-lapa en Sangüesa (Navarra), a donde se había desplazado en una oficina móvil de tramitación del DNI.
El 6 de febrero de 2006, la empresaria zaragozana Ana Isabel Herrero moría tiroteada en un secuestro frustado del Grapo, banda que también secuestró a Publio Cordón, del que nada se sabe desde entonces.
Son algunos de los nombres propios cuyas familias figuran en la particular «lista de espera» de la ley aragonesa de víctimas del terrorismo.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete