CC y su división herreña vuelven a encontrarse por la ley de Sedes

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, evitó el jueves, en la rueda de prensa posterior al cónclave que celebró con sus consejeros, profundizar respecto de la petición de la también nacionalista Belén Allende, principal representante de turno de la Federación de Islas (Fecai), de abolir la ley de Sedes. Según el líder de Coalición Canaria (CC), la norma «no es un problema» y, por tanto, su supresión no está en el debate sobre la reforma de la Administración. La sucesora de Tomás Padrón al frente del Cabildo de El Hierro, en cambio, dijo días atrás que la ley está hoy «absolutamente desenfocada» y que redunda en «duplicidades». La discusión, sin embargo, no es nueva, sino que constituye toda una controversia que mantiene divididos a CC y la Agrupación Herreña de Independientes (AHI), a la postre el partido de Allende —por más que ahora esté integrado en la coalición—, desde hace años.

De hecho allá en enero de 2002, tal como consta en el diario de sesiones del Parlamento autonómico, la misma presidente del Cabildo herreño, en calidad entonces de portavoz del grupo mixto —en el que estaba una AHI que aún no compartía siglas con CC—, defendió una proposición de ley que instaba a la Cámara a la derogación de la, en todos sus términos, Ley 4/1997 sobre Sedes de los Órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fue Alfredo Belda, que más tarde sería senador por Tenerife, quien se encargaría de rechazar la propuesta de Allende, lo que también haría el Partido Popular. No eran las mismas circunstancias y la crisis distaba de su estallido más de cinco años, pero las palabras de la representante institucional de la «Isla del Meridiano» y del propio Belda parecen hoy premonitorias de la discusión que dos legislaturas más tarde ha vuelto a reabrirse.

No en vano la ley que hoy está «absolutamente desenfocada» ya era entonces, según Allende, «de triste y lamentable vigencia», habida cuenta de que, a su juicio, subyace en ella —o subyacía— el arcaísmo del pleito entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. Tan es así, que calificó la susodicha ley de «certificado de garantía de la vigencia del pleito insular».

De modo que Allende centró su exposición en lo social y político; argumentos que ahora han dado paso a criterios de eficiencia administrativa. Sea como fuere, el desprecio a la norma —«un bodrio inexplicable e injustificable»— que sí defendieron y aún defienden sus ahora correligionarios de CC era igual de evidente. Ello no impidió, no obstante, que Coalición negase la posibilidad de la derogación, como ha vuelto a suceder ahora sin que haya hecho falta acudir a la Cámara.