El Gobierno de Iglesias firmó contratos por más de un millón de euros en vísperas de la investidura de Rudi

El 22 de mayo tuvieron lugar las elecciones autonómicas que dieron la victoria al PP en Aragón. Justo dos días antes se adjudicaron estos cinco contratos de servicios, aunque no fueron firmados hasta semanas después. Los últimos, el 8 de julio, seis días antes de que Rudi fuera investida nueva presidenta de Aragón en las Cortes regionales, cuando el Ejecutivo de Iglesias agotaba sus últimos días como gobierno en funciones.

El Gobierno de Iglesias ya había firmado meses atrás los contratos de obras del Plan Red. En total, contratos por 5.000 millones de euros a pagar durante 38 años. También llegó justo a la firma de esos contratos, que formalizó en marzo, dos meses antes de las elecciones. Por entonces, el PP ya había dejado claro que no estaba de acuerdo con comprometer tal volumen de inversión durante tantas décadas, porque suponía una hipoteca para la Comunidad autónoma que, además, excedía las disponibilidades presupuestarias del Ejecutivo regional. Sin embargo, el PSOE se mantuvo firme en la defensa de este modelo de financiación de obras públicas.

Trámites acelerados

Los populares abogaron por que esos contratos se dejaran frenados hasta después de las elecciones, para que el Ejecutivo que resultara de las urnas, si era distinto —como así ha sido— no se viera atado. El Gobierno de Iglesias, sin embargo, siguió adelante con los trámites y los aceleró para apurar los plazos y dejar listos los contratos antes de un eventual vuelco electoral. Los contratos de obras, por valor de esos 5.000 millones de euros, se firmaron dos meses antes de los comicios. Pero no le dio tiempo de firmar antes de las elecciones los contratos para la gestión de las expropiaciones ligadas a esas obras: los adjudicó dos días antes, pero tuvo que firmarlos cuando el Gobierno ya estaba en funciones y cuando, de hecho, ya sabía que iba a abandonar el Ejecutivo autónomo, porque ya se había alcanzado un pacto entre el PP y el PAR.

El Plan Red diseñado por el PSOE resultó polémico desde su inicio. Los populares insistieron en que suponía un sobrecoste excesivo, fruto de las operaciones financieras previstas para aplazar los pagos durante cuatro décadas. Además, advirtió que era muy probable que eso acabara computando como deuda, lo que comprometía aún más las cuentas de la Comunidad por muchos años. Al final, la agencia estadística de la Unión Europea (Eurostat) confirmó que dos de los ocho contratos en los que se agrupan las obras del Plan Red computan efectivamente como deuda. Eso descuadra por completo las cuentas del Gobierno aragonés, que este año ya tuvieron que reajustar su presupuesto hace meses, para cumplir con el techo de deuda establecido por Europa.

Ahora, el Ejecutivo de Rudi trata de negociar la rescisión de esos contratos y diseñar un nuevo plan de mejora de la red viaria autonómica que sea financieramente sostenible. De hecho, ha sido una de las primeras medidas que tomó nada más constituirse el nuevo Gobierno regional: estudiar —y en eso está— fórmulas para dejar sin efecto esos multimillonarios contratos, lo que pasa por negociar con las empresas adjudicatarias. Ahora también tiene sobre la mesa esos otros contratos ligados a la gestión de las expropiaciones de terrenos para las obras de mejora de carreteras que están en el aire.