Un desahucio cada 8 minutos

Y para muestra, un botón: en España, las hipotecas constituidas se desplomaron a la mitad entre 2006 y 2010 . Por si fuera poco, el número de desahucios se incrementó en más de un 276% en el primer trimestre de 2011 en comparación con el mismo período de 2008, hasta el punto de que, cada día, 173 familias —sí, ha leído bien— perdieron su hogar. Un sueño roto cada 8 minutos.

En reacción a esta escalada de desahucios, han proliferado las asociaciones que, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pretenden servir de «lugar de encuentro, ayuda y acción» de aquellas personas que no puedan hacer frente a los pagos hipotecarios. Como no podía ser de otra manera, este descontento social ha acabado llegando a la arena política , tratando de ser capitalizado por líderes de diversos partidos. El primero fue Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, quien lleva meses denunciando la, a su juicio, «vergonzosa situación que estamos viviendo con el fenómeno de las ejecuciones hipotecarias». Y el pasado 2 de julio, Alfredo Pérez Rubalcaba recogió el testigo: «Los bancos —afirmó el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno— no pueden eludir sus responsabilidades».

No obstante, para las entidades bancarias el incremento de los impagos hipotecarios y, consecuentemente, de los desahucios, no es, como resulta evidente, plato de buen gusto. Ya lo destacaba Ángel Cano, consejero delegado del BBVA en la presentación de resultados de su banco, el pasado jueves. «Para nosotros, la última y peor opción es quedarnos con la vivienda».

Según detallan algunos estudios, el sector bancario posee cerca del 20% del stock total de viviendas, un bien cuyo precio, no olvidemos, está en caída libre. En contra de la creencia popular, el banco resulta perjudicado por cada cliente que se declara incapaz de pagar su hipoteca —al menos a corto plazo—, pues de acuerdo con la ley vigente, está obligado a provisionar el 100% del importe de la hipoteca que aún reste por cobrar, lo cual supone una importante merma en sus cuentas.

El primer paso para intentar revertir esta tendencia lo dio el Gobierno. En noviembre de 2008, aprobó un decreto para que hasta medio millón de parados y autónomos con dificultades económicas pudieran aplazar durante dos años el pago del 50% de la cuota mensual de sus hipotecas. La medida no tuvo demasiado éxito.

Dos años y medio después, con muchos más parados y con la morosidad en alza, son las propias entidades las que buscan fórmulas para ayudar a sus clientes con problemas a afrontar los pagos hipotecarios, lo que al final beneficia también a la entidad.

El Banco Santander ha sido el primero en tomar nota del descontento social. El pasado miércoles, durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados del banco, su consejero delegado anunció a bombo y platillo una moratoria para aquellos hipotecados que sufran un descenso del 15% en los ingresos de su unidad familiar. La entidad ofrecerá, desde agosto, un periodo de carencia de tres años en los que los clientes parados o con problemas económicos solo tendrán que hacer frente al pago de los intereses correspondientes al periodo, pudiendo posponer el abono del principal de los tres años de carencia. Un portavoz autorizado del primer banco español matizó que su entidad «ya llevaba tiempo aplicando medidas similares», si bien enfatizó que «el lanzamiento generalizado a toda la red de oficinas fija un marco objetivo de actuación en el cual la entidad es, siempre, proactiva».

El jueves, el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, aclaró que la medida anunciada por su competidor no era, en modo alguno, novedosa. «Nuestro banco ofrece soluciones a medida, no titulares de prensa», deslizó el consejero delegado en reiteradas ocasiones. Según Cano, la entidad que dirige lleva «varios trimestres» ofreciendo «soluciones adaptadas a las posibilidades de pago de cada cliente», entre las que se incluyen aplazamientos y alargamiento de los plazos.

En esta misma línea se expresaron fuentes de Bankia consultadas por este diario, quienes afirmaron estar aplicando un método similar al anunciado por Santander con un único cambio: un tope máximo de carencia de 2 años frente a los 3 que ofrece la entidad presidida por Emilio Botín . CaixaBank y Popular también declaran llevar «varios ejercicios» ofreciendo moratorias puntuales a clientes que así lo solicitan, siempre «tratando de manera individual cada caso».

Pero, ¿mantiene el banco las condiciones inicialmente firmadas en caso de moratoria o carencia?

Santander pone el acento sobre este punto y explica que, al fijar unas condiciones generales para todos los clientes del banco «los términos no sufren variaciones». El cliente puede elegir entre abonar la parte correspondiente al capital vivo no pagado a final del periodo fijado para la hipoteca o bien aumentar la cuantía de las cuotas mensuales. «Lo que en ningún caso aplicaremos será una subida en el tipo de interés ni en las comisiones de servicio». Es un aspecto clave, apuntan fuentes de Santander, ya que «otras entidades» no pueden decir lo mismo: en muchos casos las condiciones de la hipoteca cambian radicalmente cuando se renegocia la moratoria y lo hacen, claro está, en perjuicio del cliente hipotecado.

Pocas dudas caben sobre si el debate seguirá. Con 173 desahucios cada día, y en pleno proceso preelectoral, el drama resulta caliente como el infierno, y requiere una solución efectiva y eficaz.