El Estado dará créditos a las comunidades para que le devuelvan parte de su deuda
Salgado niega su visto bueno a los planes de saneamiento de Cataluña y Castilla-La Mancha, que no podrán emitir nuevo endeudamiento
España se jugaba mucho ayer y finalmente la sangre no llegó al río. Pese a la declaración de guerra de las comunidades autónomas gobernadas por el PP —once de las diecisiete—, el Gobierno logró en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo de mínimos para aprobar los objetivos de reducción del déficit para el próximo trienio 2012-2014, así como el compromiso de todas las comunidades de fijarse por ley techos de gasto en un plazo de seis meses. Eso sí, no se pactó la letra pequeña de la nueva regla.
Se trataba de salvar la cara ante unos mercados que tienen muchas dudas sobre las cuentas de las comunidades autónomas, y la capacidad del Gobierno de imponerles disciplina en el gasto. Con esa baza jugaba el Ejecutivo para lograr que las autonomías del PP no votaran en contra de sus propuestas, pese a las amenazas lanzadas. Y lo consiguió a medias.
Pero la principal novedad de la reunión estuvo en la fórmula ideada por el Ministerio de Economía para aliviar la asfixia financiera de las comunidades. El Gobierno dará créditos a las autonomías a través del ICO para que éstas puedan devolverle una parte de la deuda que tienen contraída con el Estado. En la rueda de prensa posterior al Consejo, Salgado explicó que los efectos serán similares al alargamiento de los plazos de devolución de la deuda que pedían las comunidades gobernadas por el PP, aunque los créditos afectarán a un solo año, 2012.
Según Salgado, el próximo año las comunidades tendrían que devolver al Estado unos 4.850 millones de euros por los anticipos que cobraron de más en 2008 y 2009. Pues bien, el ICO pondrá a su disposición créditos por algo más de la mitad de esta cuantía, 2.500 millones, que luego tendrán que devolver en tres años. Pero además se pone una condición, que estos 2.500 millones se destinen a pagar deudas con los proveedores.
La medida, por tanto afecta a una parte mínima de la deuda 2.500 millones de los casi 24.000 millones del agujero total.
Con esta «imaginativa» fórmula Salgado pretende salvar la cara y las palabras de Zapatero en lugar de atender a la petición de las autonomías del PP, a la que se unieron ayer el resto de comunidades.
Los populares rechazan las críticas de que este alargamiento de los plazos que Salgado no ha aceptado pueda mandar a los mercados el erróneo mensaje de que el Ejecutivo está abriendo la mano frente a las autonomías. Argumentan que el Estado ya ha emitido deuda para pagar estos anticipos y que obligar ahora a las comunidades a endeudarse para devolverla les obligaría a pagar carísimas estas emisiones. Señalan, no obstante, que este alargamiento de plazos debería unirse a un compromiso rotundo de reducción del déficit autonómico.
Tampoco cedió Salgado a las peticiones de todas las comunidades para que el Gobierno central cumpla el nuevo sistema de financiación y adelante los fondos de compensación que prevé la norma: el de competitividad y el de cooperación.
Ambas reclamaciones cayeron en saco roto porque la vicepresidenta económica, Elena Salgado, libre de las presiones de los barones socialistas —ya solo queda el presidente andaluz, José Antonio Griñán—, se mantuvo más firme que nunca en sus tesis. Solo el caramelo del ICO trató de endulzar un poco la reunión, y contentar a Griñán, ya que Andalucía es la comunidad que más tiene que devolver al Estado y la que más se beneficiará del crédito.
Respecto a la regla de gasto, finalmente todo quedó en un compromiso de aprobar un techo en un plazo máximo de seis meses. Pero sin fijar la letra pequeña. La propuesta inicial del Gobierno había recibido fuertes críticas por parte del Partido Popular, que la consideraba demasiado laxa e insuficiente para cumplir el objetivo pretendido. El enfado de los populares se acrecentó incluso ayer con una nueva iniciativa del Ejecutivo. Unas horas antes de la reunión el secretario del Consejo de Política Fiscal hizo una ronda de llamadas para proponer sobre la marcha nuevas cláusulas que hacían todavía más flexible el límite de gasto.
Esta última propuesta pasaba por que cada comunidad fijara sus límites presupuestarios en función del PIB del número de años que quisiera, cinco, nueve, diez, o los que le interesaran. Además, a este crecimiento medio del PIB del periodo elegido se añadiría una cifra de inflación que tendría que ser inferior al 2%. Los populares consideraban esta regla incluso peor que la propuesta inicial que aplicará el Estado y las corporaciones locales. Ante este cambio de última hora, los consejeros se negaron a votar el contenido de la nueva regla de gasto, aunque sí quisieron lanzar a los mercados el mensaje de su compromiso con los objetivos de déficit. Y para analizar la letra pequeña, la cita se traslada a septiembre.
Planes de saneamiento
Otro de los asuntos que se trataron en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participaron los dos vicepresidentes, Elena Salgado y Manuel Chaves, así como los consejeros de economía de las comunidades autónomas, fue la aprobación de los planes de saneamiento de las autonomías que no lograron el visto bueno del Ejecutivo en la reunión de abril.
Seis comunidades se presentaron ayer al examen de recuperación: Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y Andalucía. Cuatro aprobaron, pero Cataluña y Castilla-La Mancha siguen sin hacer los deberes, por lo que el Gobierno les mantendrá el castigo: continúa la prohibición de endeudamiento.
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