Los multimillonarios contratos del Plan Red de Carreteras tienen los días contados

El PP se opuso desde el primer momento a este programa de inversiones por entender que hipoteca a la Comunidad autónoma durante décadas. Y es que la fórmula consiste en adjudicar la reparación, reforma y mantenimiento de prácticamente la mitad de la red autonómica de carreteras, pero se paga durante 38 años. Hasta el año 2048, el Gobierno aragonés, con este modelo, tendría que pagar entre 90 y 150 millones de euros al año, cifra que contrasta con los 54 millones de euros que, por término medio, ha podido dedicar como máximo el Ejecutivo autónomo en los últimos cuatro años a inversiones en carreteras.

En realidad, el grueso de esos 5.000 millones de euros que tendría que pagar el Gobierno aragonés con estos contratos corresponde a costes financieros. De hecho, la factura por las obras a realizar ni siquiera llega a 800 millones de euros —638 por reparaciones y reforma de trazados y unos 200 por mantenimiento de las carreteras—. El resto, hasta los 5.000 millones, son gastos financieros, por el aplazamiento del pago durante 38 años.

Las dudas que tenía el PP sobre este modelo se han visto reforzadas tras el dictamen de la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat), que ha confirmado que dos de esos contratos computarían como deuda. Es decir, que el Gobierno aragonés tendría que sumar a su endeudamiento actual unos 200 millones de euros en tres años. Eso descuadra por completo las cuentas de la Comunidad, que ya han tenido que acometer un primer ajuste en el presupuesto de este año para cumplir con el techo de deuda establecido por Europa.

Un coste «inasumible»

El problema, por tanto, es doble: de una parte, la hipoteca que supone tener que asumir un coste de entre 90 y 150 millones de euros al año durante cuatro décadas en un momento en el que las arcas autonómicas en lo que están pensando es en ajustes presupuestarios; de otra parte, porque al computar como deuda parte del Plan Red, el Gobierno aragonés difícilmente podría cumplir con el techo de endeudamiento al que está obligado.

Así las cosas, el nuevo Ejecutivo de Rudi ha decidido abrir negociaciones con los adjudicatarios para la rescisión de los contratos o, como mínimo, para buscar una renegociación con unas condiciones totalmente distintas que las que había dejado marcadas el anterior Gobierno regional. En definitiva, se mire como se mire, olvidarse de los términos de los contratos que fueron adjudicados definitivamente en marzo. A pesar de que eso conlleve el pago de algún cierto de compensación a los adjudicatarios por los trabajos que hayan hecho ya, en los meses transcurridos desde que firmaron los contratos. En cualquier caso, el importe sería reducido dado el poco tiempo transcurrido.

Rudi asegura que no queda más remedio, porque el coste es «inasumible». ¿Significa eso que se dejarán paralizados los proyectos de reforma, reparación y mantenimiento de la red viaria autonómica? No. De lo que se trata es de anular los contratos y buscar un nuevo modelo. Y de eso se hablará con los adjudicatarios, que son constructoras y alguna entidad financiera aragonesa —Caja Rural de Teruel y Cajalón—.