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Ayuntamientos medidas desesperadas

La crisis obliga a los consistorios a aplicar drásticos planes de ajuste: desde privatizar servicios a un ERE para reducir la plantilla municipal

M. A. R.

Decenas de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana atraviesan una situación próxima a la «quiebra técnica», debido al desplome de los ingresos procedentes de la construcción y a la falta de previsión para adaptarse a los nuevos tiempos de la crisis.

Pero tras las elecciones locales del 22-M, se acabó la fiesta. Los nuevos equipos de gobierno se han visto obligados a poner en marcha drásticos planes de ajuste. Más allá de su valor simbólico, el recorte en el sueldo de los políticos es sólo el principio.

El nuevo alcalde popular de Calpe, César Sánchez, admite que la situación del Consistorio es insostenible. El Ayuntamiento tiene una plantilla de 630 empleados «completamente sobredimensionada», que absorbe casi el 70% del presupuesto municipal: un empleado público por cada 47 habitantes.

«Durante este mandato, no nos vamos a endeudar ni en un céntimo más. Si no gestionamos el Ayuntamiento de forma responsable, estaremos hipotecando el futuro de los calpinos», señala Sánchez. Además de aplicar un severo recorte en el gasto corriente de todas las concejalías, el regidor ha pedido a los servicios jurídicos la fórmula de reducir la plantilla municipal, que podría pasar por la presentación de un ERE.

Otros ayuntamientos, como el de Torrent, han optado por privatizar servicios públicos: el Ayuntamiento va a sacar a concurso la gestión del Auditorio, cuyo funcionamiento cuesta a las arcas municipales un millón de euros al año. El objetivo es reducir a la mitad esta cifra.

Por su parte, la nueva alcaldesa popular de Elche, Mercedes Alonso, tiene previsto aprobar en la próxima junta de gobierno un severo plan de saneamiento para reducir la deuda que dejó el socialista Alejandro Soler, que ronda los 220 millones de euros.

«Este va a ser el primer plan de saneamiento real que se aplica en Elche», señala el teniente de alcalde de Hacienda Manuel Latour, «porque Soler incumplió los dos planes de refinanciación aprobados bajo su mandato». El ex alcalde socialista se limitó a aplazar la deuda hasta después de las elecciones del 22-M, disparando los costes financieros.

Donde no se respiran aires de austeridad es en Benidorm, donde el equipo de gobierno socialista ha decidido mantener los sueldos del anterior mandato: el alcalde tránsfuga Agustín Navarro cobrará 92.000 euros al año, más que Zapatero.

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