Prisión con fianza de 300.000 euros al director de la división digital de la SGAE
El juez Ruz también ha impuesto al socio director de Microgenésis, Rafael Ramos, una fianza de 150.000 euros
La investigación llevada a cabo por la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, bajo la coordinación del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha puesto de manifiesto «la existencia de un entramado empresarial creado» en torno a José Luis Rodríguez Neri , director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), entidad a su vez filial de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) . El desvío de fondos ejecutado a través de esa red habría causado «un perjuicio patrimonial» a la propia SGAE.
Así lo pone de manifiesto el magistrado en la resolución dictada ayer al filo de la medianoche y en la que acuerda el ingreso en prisión, eludible mediante el pago de elevadas fianzas, para dos de los detenidos el viernes: 300.000 euros para Rodríguez Neri, considerado el «cerebro» de la trama, y 150.000 para el administrador único de Microgénesis, Rafael Ramos Díaz . Tras largas horas de estancia en la Audiencia Nacional, donde prestaron declaración, ambos fueron conducidos anoche a la cárcel.
Al tanto de toda la operativa fraudulenta habrían estado los directivos de la SGAE también imputados por el juez Ruz. Eduardo Teddy Bautista, Ricardo Azcoaga y Enrique Loras tuvieron «suficiente conocimiento» y asumieron de forma «tácita» la «actividad delictiva» de Neri y su entorno. Bautista habría «autorizado, consentido y también impulsado» la creación de la SDAE y Portal Latino, un proyecto «ideado probablemente por Neri». La SGAE invirtió «importantes sumas de dinero» pero sus asociados no obtuvieron a cambio «la esperada rentabilidad».
También fueron interrogadas ayer por el magistrado las dos últimas arrestadas en la «operación Saga»: las hermanas María Antonia y Eva García Pombo, mujer y cuñada, respectivamente, de Rodríguez Neri. Ambas quedaron en libertad aunque con la obligación de entregar el pasaporte y la prohibición de salir de España.
El magistrado atribuye a todos ellos, al igual que a los cinco imputados que interrogó el domingo , los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, que podrían sumar penas de hasta diez años de prisión. Además, Rodríguez Neri podría haber cometido un delito de alzamiento de bienes-insolvencia punible (penado con hasta cuatro años de cárcel), mientras que Ramos Díaz podría ser responsable de un delito societario. Según Ruz, los indicios que apuntan a la comisión por los imputados de todos esos delitos no han podido «ser rebatidos» durante los interrogatorios. Al contrario, aparecen confirmados por el contenido de las escuchas telefónicas, por los documentos intervenidos así como por seguimientos y vigilancias policiales realizados.
En el auto, Ruz explica que la «trama empresarial “parasitaria” de la SGAE», encabezada por Microgénesis, se habría «venido beneficiando de una exclusiva contratación con algunas de las entidades del Grupo SGAE », especialmente SDAE y Portal Latino, «constituyendo casi en forma exclusiva su principal fuente de ingresos». Entre 2003 y 2010, esta relación habría «dado pie a ingresos de importante cuantía a Microgénesis» y a otras empresas de la trama.
La operativa de la red fue puesta en marcha por Rodríguez Neri «aprovechando» su «posición preeminente y privilegiada a lo largo del tiempo» dentro del Grupo SGAE y amparándose «en contratos firmados por las diversas partes implicadas al objeto de simular un tráfico mercantil normal y ajustado a derecho». Las intervenciones telefónicas permiten afirmar que Neri ha seguido haciéndose cargo de distintos aspectos de la gestión de Microgénesis hasta el día de hoy, pese a desempeñar un cargo directivo en la SDAE.
El presunto «cerebro» de la trama ha obtenido «un importante sobresueldo» que ha intentado «ocultar» mediante el cobro de facturas por «hipotéticos servicos de consultoría a las sociedades de su propiedad Hipotálamo y Micromega Consultores». Así, entre 2002 y 2009, la pareja Rodríguez Neri-García Pombo ingresó en sus cuentas personales cantidades superiores a los tres millones de euros . Todos ellos procedentes de su red de empresas.
Nóminas encubiertas
Esas y otras sociedades fantasma tenían «como única finalidad la de canalizar una importante fuente de ingresos para el patrimonio personal» del matrimonio. Entre 2004 y 2008, la esposa de Rodríguez Neri —que «carece de titulación oficial conocida que la habilite para desempeñar actividades de asesoría para empresas»— percibió de Micromega retribuciones cercanas a los 340.000 euros. Entre 2003 y 2010, Hipotálamo ingresó en sus cuentas 1.227.851,84 euros. Esos pagos, según el juez, «presentan las características de una nómina encubierta atribuible al señor Neri» y se justificarían en facturas por servicios de «consultoría» giradas por esta sociedad a la SDAE.
La investigación desarrollada hasta este momento permite al magistrado afirmar que en la red fraudulenta habrían participado también «de forma directa» familiares y amigos de Rodríguez Neri. A su esposa y su cuñada se suman su hija Leticia Rodríguez Álvarez y su hermana Juana Cristina Rodríguez Neri . Según Ruz, también tuvieron un «papel relevante» Rafael Ramos, su hermana Sara y su esposa Elena Vázquez . Esta última prestó declaración el domingo y quedó en libertad aunque imputada por graves delitos.
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