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Piden cárcel para el exalcalde de Yaiza

El Fiscal solicita 14 meses de prisión para Reyes por un delito urbanístico

ACN

El Ministerio Fiscal solicitó ayer una pena de 14 meses y 15 días de prisión y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público para el que fuera alcalde del municipio lanzaroteño de Yaiza entre los años 1994 y 2008, José Francisco Reyes, cuando en un principio pedía una multa de 21 meses a razón de 30 euros por día y una inhabilitación de nueve años. A Reyes, a quien el fiscal considera «máximo responsable» de la causa, se le acusa de un delito contra la ordenación del territorio tipificado como prevaricación urbanística. El juicio, que se ha desarrollado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, quedó ayer visto para sentencia.

La petición de la acusación pública para Reyes ha sido rebajada en algunos meses atendiendo al atenuante de dilación indebida del proceso pero el fiscal, Ignacio Stampa, consideró oportuno solicitar pena de cárcel dado que Reyes ya está condenado a 10 años de inhabilitación por un delito también de prevaricación urbanística y, además, estuvo en prisión provisional por el «caso Unión», en el que está imputado.

El fiscal también rebajó la pena solicitada para los otros tres acusados —el secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes y otros dos técnicos del Ayuntamiento, Pablo Carrasco y Alfredo Morales—. Para Fuentes y Morales se pide multa de 17 meses y 15 días a razón de 24 euros por día y ocho años de inhabilitación, mientras que antes solicitaba una multa de 21 meses e inhabilitación por nueve años.

A Carrasco se le acusa además de un delito de falsedad documental y la Fiscalía pide cuatro años de prisión, multa de 14 meses y tres años de inhabilitación, cuando la pena solicitada anteriormente era de cinco años de prisión, multa de 16 meses a razón de 24 euros por día e inhabilitación por cinco años.

El Ministerio Fiscal calificó de «ingeniería jurídica» la estrategia de la defensa de los cuatro acusados al considerar que han colaborado a la hora de diseñarla y que eran «conscientes en todo momento» de que estaban cometiendo una irregularidad premeditada. En esta misma línea, insinúo que los abogados defensores concretaron dicha estrategia para que los acusados fueran «todos a una, como Fuenteovejuna» para que cada una de sus declaraciones no afectara a los otros.

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