Economía

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La Audiencia investigará a los Botín por un presunto delito fiscal

La familia asegura que ya regularizó su situación en 2010 con el pago de 200 millones por sus activos en Suiza, que se remontan a la Guerra Civil

Día 17/06/2011

La Audiencia Nacional admitió ayer a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, sus cinco hijos, su hermano Jaime y los hijos de éste. Les atribuye la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad durante el periodo comprendido entre 2005 y 2009. Es esos años, podrían haber dejado de pagar al fisco, según la acusación, cantidades superiores a los 120.000 euros por el capital de sus cuentas en Suiza.

La familia Botín asegura que está al corriente de sus obligaciones fiscales y que en 2010 regularizó voluntariamente la situación mediante la presentación de declaraciones complementarias, hecho que, según la ley, les eximiría de eventuales responsabilidades penales.

Dicha regularización implicó el pago de 200 millones a Hacienda por parte de la familia Botín, que explica que el origen del patrimonio investigado se remonta a la Guerra Civil. «En diciembre de 1936, y ante la grave situación creada por la intervención del banco, Emilio Botín II, padre del actual presidente del Banco de Santander, decidió ausentarse temporalmente de España. Su marcha provocó que en febrero de 1937 fuera destituido de su cargo. Durante su estancia en el extranjero vivió en Londres y Basilea y no volvería a Santander hasta finales de agosto de 1937, donde retomó sus funciones», explican los Botín en un comunicado.

Fue en ese contexto cuando «Emilio Botín II situó una parte significativa del patrimonio familiar fuera de España para protegerlo, constituyendo una Fundación de derecho inglés en Suiza. Habida cuenta de las particulares circunstancias políticas y económicas de España en las décadas siguientes, la Fundación mantuvo ese patrimonio separado bajo la gestión de unos administradores profesionales, funcionando a todos los efectos como un patrimonio separado», asegura la familia Botín, que también apunta que «desde el fallecimiento de Emilio Botín II dicha Fundación no ha recibido aportación alguna, al margen de los rendimientos de sus inversiones».

La denuncia se presenta —y se admite a trámite— sin que los peritos de Hacienda y de la Fiscalía hayan podido determinar si los denunciados realizaron correctamente la regularización voluntaria. No obstante, la proximidad de la fecha de prescripción del delito fiscal correspondiente a 2005 (30 de junio) y la existencia de indicios que apuntan hacia un posible fraude fiscal superior a 120.000 euros, justifican, según el auto del juez Fernando Andreu, la admisión a trámite de la denuncia «preventiva».

Los hechos denunciados tienen su origen en la información que las autoridades fiscales francesas hicieron llegar el 24 de mayo de 2010 a la Agencia Tributaria sobre una serie de clientes del banco HSBC Private Bank Suisse. El 21 de junio, Hacienda hizo un requerimiento a Emilio Botín para que procediera a ponerse al día en el pago del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio de los años que van de 2005 a 2009.

En respuesta a tal requerimiento, el banquero y su familia presentaron sucesivas declaraciones complementarias —algunas dentro del plazo previsto y otras extemporáneas— y aportaron «ingente» documentación, parte de la cual aún está en fase de análisis.

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