Los Botín dicen que están al corriente de «todas sus obligaciones fiscales»

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Aunque las regularizaciones realizadas siguen siendo comprobadas por Hacienda dada la abultada documentación que contienen, Anticorrupción se ha visto obligada a iniciar acciones judiciales para evitar que prescriban las actuaciones relativas al ejercicio 2005, lo que se iba a producir el próximo 30 de junio.

Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.

A petición de la Agencia Tributaria, los doce miembros de la familia Botín procedieron a regularizar su situación fiscal con la presentación de declaraciones complementarias con las rentas de las que eran titulares «trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias» que gestionan la herencia familiar dejada en Suiza por su padre y abuelo Emilio Botín Sanz de Sautuola y López.

El Ministerio Fiscal recordó en su denuncia que, en el caso de que las regularizaciones practicadas sean «completas y veraces», se archivarán las actuaciones y no habrá persecución penal contra los miembros de la familia Botín, en virtud del artículo 305.4 del Código Penal (que establece que «quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria»).