ADREDE
Los 60.000
Tal vez por eso la exigencia de una nueva Ley Electoral sea el grito más claro de esas miles de personas indignadas
Hace cuatro años, el Partido Socialista ganó las elecciones autonómicas al Parlamento de Canarias de la mano de Juan Fernando López Aguilar como candidato a la Presidencia del Gobierno. En aquella ocasión lo hizo también sin mayoría absoluta. Pero la constantemente manifiesta soberbia del señor López Aguilar lo llevó a autoimponerse la negativa para formar el gobierno elegido por los canarios. De su mano, los socialistas, como digo ganadores en minoría, se veían obligados a buscar acuerdos para gobernar. Sin embargo, ningunearon la voluntad de los canarios y prefirieron no pactar con el Partido Popular, segunda fuerza elegida, y tampoco con Coalición Canaria, a los que el señor Aguilar, muy en su línea argumental, consideraba una «república bananera». Así ocurrió que ante tales intereses fundamentados únicamente en descalificaciones, los populares y los nacionalistas decidieron unirse y dar estabilidad al pantano que habían creado los socialistas en la máxima institución del gobierno autonómico.
Cuatro años después, el pueblo canario, voto a voto, decidió en las urnas apartarse de aquellos irrespetuosos desmanes dando un giro mayoritario hacia su deseo de ser gobernados, en esta ocasión, por el Partido Popular, eligiéndolo como la fuerza más votada nada menos que por sesenta mil electores por encima del segundo partido, Coalición Canaria, y relegando al tercer puesto a los socialistas.
Pero en esta ocasión, y tal y como hemos podido ver estos días, ha ocurrido que la actual e injusta Ley Electoral defendida a capa y espada por los partidos nacionalistas que conforman el complejo entramado que da nacimiento y soporte a CC otorga un empate a escaños entre los dos primeros partidos electos. Los populares obtienen mayoría porque así lo han decidido los ciudadanos. Sin embargo, con menos votos, los nacionalistas consiguen el mismo número de escaños apoyándose meramente en la representación compensatoria de los territorios de las islas no capitalinas, y no por el mismo número de respaldos de la gente. Aunque pudieran aparecer ciertas similitudes con lo ocurrido hace cuatro años, existe una diferencia bastante significativa. Los populares, como en la vez anterior, sí quieren pactar para formar un gobierno estable. Pero se encuentran con que los «aupados por los territorios», en un interesado preacuerdo con el Partido Socialista, han preferido nuevamente luchar la poltrona, como si de eso se tratara, e ignorar la mayoría de votos otorgada al Partido Popular. Esta argucia preelectoral CC-PSOE, que ahora se pretende vender como conversaciones postelectorales, es a todas luces deshonesta, pues todo lo que no sea otorgar a nuestra comunidad el gobierno estable que han elegido los canarios lo es. Sin embargo, el señor Paulino Rivero, derrotado por «los 60.000», en su discurso del día de Canarias invita a «enterrar el derrotismo» y se llena la boca de «lealtad». Lo que no sabemos muy bien es con quién. ¿Se está siendo leal cuando, aún sin haber ganado, se toma la iniciativa de las conversaciones sobre pactos? ¿Y cuando se evita el contacto con los que resultaron elegidos, prefiriendo hablar con el PSC, al que los ciudadanos han querido dejar al margen? ¿Se es leal con los propios cuando el deseo de permanencia en el poder puede llevar a que, por desacuerdos internos, vea don Paulino cómo se quiebra la formación que lidera?
Esperemos que aparezca la cordura y, regresando a la senda de la voluntad ciudadana, se esté todavía a tiempo de rehacer la honestidad perdida. Asumir el puesto que las urnas han otorgado a cada uno es la mejor forma de evitar todos los «si tu me das estos ayuntamientos, yo te dejo este cabildo o no gobiernas en la Comunidad», pues esto es lo que más desilusiona a los ciudadanos y los aleja, más si cabe, de los políticos. Tal vez por eso la exigencia de una nueva Ley Electoral Canaria sea el grito más claro de esas miles de personas que, indignadas, entre otras cosas por estos juegos de intereses, han tomado con razón las plazas de nuestras ciudades y pueblos.
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