Indignados e «indignados»

PARECE claro que el Gobierno ha establecido dos clases de indignados. Los de primera pueden vulnerar la ley, incumplir las decisiones de las Juntas Electorales o las reafirmaciones del Supremo, saltarse la jornada de reflexión a la torera e imponer sus concentraciones al resto de los españoles, comulguen o no con sus ideales. El común de los ciudadanos, indignados también, o no, pero siervos de la gleba, deben someterse al imperio de la autoridad gubernativa, dispuesta a velar por el Estado de Derecho, aunque de forma parcial y condicionada.

Una agrupación de mujeres compostelanas —integradas en la Asociación Cultural Madres del Pajonal— intentó manifestarse el pasado viernes frente a la sede del Ayuntamiento social nacionalista que dirige Xosé Sánchez Bugallo. No pudieron. La Delegación del Gobierno que dirige el socialista Miguel Cortizo prohibió la concentración y, como ciudadanas respetuosas, tuvieron que regresar a sus casas, aún indignadas por lo que consideran una actuación ilegal de la corporación al ceder unos terrenos de uso público para la construcción de un centro del Proyecto Hombre.

Los indignados de la Plaza del Obradoiro, en Compostela, como los de las inmediaciones de la calle Príncipe, en Vigo, o los del Obelisco, en La Coruña siguieron allí toda la jornada de ayer y, salvo sorpresa de última hora, podrán continuar durante todo el día de hoy, y lo que les pete, por la graciosa permisividad del delegado del Gobierno, siguiendo órdenes se supone que de su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La disciplina por encima de la ética y de las normas, por más que las instrucciones supongan una agresión flagrante a su obligación de velar por el cumplimiento de las leyes. No es sorprendente que haya quien estime que tanto el ministro como el representante del Gobierno en Galicia están prevaricando por omisión.

Es indiscutible la simpatía que suscitan los indignados. Se trata de jóvenes sin futuro gracias a la impresionante capacidad del Gobierno socialista para agudizar y prolongar la crisis. Son parados, jubilados empobrecidos, pensionistas maltratados... La nómina de colectivos damnificados por José Luis Rodríguez Zapatero ha crecido a un ritmo vertiginoso en los últimos meses. A a ellos se suman los descontentos por las fallas de un sistema imperfecto, en el que la partitocracia sustituye la excelencia por la mucho más cómoda sumisión de los mediocres.

La responsabilidad es, sobre todo de quien presenta un balance desolador de sus siete años de Gobierno. Que intenten ahora lavar su mala conciencia aceptando como normal la vulneración de las leyes es sintomático de un ejecutivo carente de principios y de voluntad. Aquí y ahora, Miguel Cortizo debe meditar sobre si la imposibilidad inducida para cumplir con sus obligaciones no debería sustanciarse en el abandono de un cargo que, en estas condiciones, sólo va a servir para enfangar su larga carrera política. De la misma forma los «indignados de primera»deberían plantearse si la forma más democrática de acabar con la corrupción y los incumplimientos legales es la vulneración de la normativa electoral.