Hazte premium Hazte premium

Los jueces critican que «se limite la acción popular sin más autonomía de la Fiscalía»

Las asociaciones de jueces analizan la neutralización de la acusación popular que pretende el TC

N. VILLANUEVA

El borrador de la sentencia que tiene preparado el Tribunal Constitucional y que resolverá el «caso Atutxa» —negando legitimación a la acusación popular cuando actúe en solitario y no haya perjudicados directos— vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la conveniencia de que sea sólo la Fiscalía o, en su caso, también una acusación particular, las únicas que puedan abrir la fase de juicio oral; es decir, sentar a alguien en el banquillo. El debate no es nuevo, pero si la sentencia del Tribunal que preside Pascual Sala se mantiene en los mismos términos que el borrador adelantado ayer por ABC, habría que revisar algunos procedimientos abiertos en el Tribunal Supremo, entre ellos dos de los tres que tiene pendientes Garzón: la «memoria histórica» y los cobros en Nueva York.

Desde el Ejecutivo no se ha ocultado la intención de limitar el ejercicio de la acción penal. De hecho, en septiembre pasado, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sostenía en estas mismas páginas que había llegado el momento de dar la «conveniente regulación» a la acusación popular. No se puede actuar, decía, «en todo momento y de cualquier manera». Esta limitación, sumada a que la instrucción de las causas pase a manos de la Fiscalía en detrimento del juez —otra de las tareas pendientes del Gobierno— «politiza» en exceso la justicia y deja al arbitrio del Ministerio Público la persecución de los delitos, sostienen los propios jueces.

«Doctrina clarividente»

Por este motivo, y porque es obvia la estrecha vinculación entre el Ejecutivo y la Fiscalía (el primero propone al fiscal general), las distintas asociaciones judiciales coinciden en que cualquier limitación de la figura de la acusación popular tendría que ir unida a la reforma del Estatuto Fiscal para garantizar la independencia del colectivo. «No se puede limitar la acción popular sin antes reforzar la automía del Ministerio Fiscal», apuntan.

Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) consideran que no es necesario el nuevo planteamiento del TC (la neutralización de la acción popular). Ya hay establecida una doctrina «clarividente», dicen, para despejar cualquier duda: la derivada de los casos «Botín» y «Atutxa». Recuerdan que en el primero hay un perjudicado concreto, y si éste no acusa —y tampoco lo hace la Fiscalía—, no tiene sentido que lo haga una acusación popular. El segundo, el que condenó al ex presidente del Parlamento Vasco por un delito de desobediencia, es distinto: ahí sí que hay un interés general, «bienes de titularidad colectiva», pues es una conducta que afecta a los ciudadanos vascos. (El borrador del TC cree que tampoco en este caso debe intervenir la acusación popular si no lo hace la Fiscalía).

Para la APM, la acción popular es un derecho reconocido en la Constitución, una «herramienta de participacíón de los ciudadanos en la Administración de Justicia». Limitarla, señalan, sería desconfiar de los propios jueces, pues son ellos los que pueden controlar si una acusación popular actúa de forma fraudulenta. «Hay garantías suficientes para que eso no se produzca», concluyen.

Marcelino Sexmero, portavoz de Francisco de Vitoria, la segunda en la carrera judicial, sí está de acuerdo en «limitar» el ejercicio de la acción popular, que, a su juicio, «está muy extendida». Es partidario, sin embargo, de mantenerla para casos de corrupción —«porque no hay una víctima directa»— y de terrorismo, aunque en estos últimos delitos siempre suele intervenir el Ministerio Público.

Comparte esta necesidad de neutralizar la acusación popular la «progresista» Jueces para la Democracia (JpD). Su portavoz, José Luis Ramírez, apuesta por que la limitación de esta figura (que a veces «roza el fraude», dice) sea objeto de un debate legislativo: «Lo fundamental es que se reconozca la autonomía del fiscal».

Por su parte, Javier Varona, de Foro Judicial Independiente, considera «poco recomendable» la supresión de la acusación popular, cuyo peso, dice, es muy importante en el Derecho español. Insiste en la misma idea que sus compañeros: cualquier modificación tiene que venir acompañado de una mayor autonomía al fiscal.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación