Córdoba

Córdoba / POLÉMICA POR LAS ACUSACIONES DEL EMPRESARIO

Ocaña replica a Gómez que no puede alegar un permiso verbal en las naves de Colecor

Afirma que él no le dio una autorización de palabra, pero no contesta cuando se le pregunta por Aguilar

Día 13/05/2011 - 09.23h

La campaña de las municipales se agitó ayer con la exclusiva de ABC Córdoba, ofreciendo las primeras imágenes del interior de las naves ilegales de Colecor, de la mano de su promotor y ahora candidato a la Alcaldía, Rafael Gómez. En el reportaje, el cabeza de lista de Unión Cordobesa recalcaba su teoría de que en 2005 recibió permiso verbal de la entonces alcaldesa, Rosa Aguilar —en ocasiones, particulariza en ella y en otras, ha hablado de quienes mandaban en el Consistorio— para levantar sin licencia esta edificación de 40.000 metros.

El candidato de IU, actual alcalde y edil de Urbanismo cuando se acometieron las naves sin permiso, Andrés Ocaña, replicó, primero, a Gómez con cierta sorna: «Estamos en el siglo XXI y, que yo sepa, la autorización verbal no es ninguna figura jurídica en el ámbito local».

Al insistirle sobre si existió, como defiende el empresario y ahora político, un permiso de viva voz para que construyera estas instalaciones en la antigua central lechera, fue más contundente: «Por mi parte no». Y reiteró su argumento: «Es que la autorización verbal no existe. Por tanto, nadie puede aducir o manejar un término jurídico que no existe».

Y lo que se cerró en banda es a contestar si creía que la entonces regidora y ahora ministra de Medio Ambiente había autorizado de palabra el inicio de los trabajos sin permiso. Una y otra vez, se enrocó en que dicha figura legal no existe e, incluso, intentó despejar dudas sin éxito con un curioso ejemplo dirigido al plumilla que le preguntaba. «Usted me dice: “Alcalde, ¿yo puedo aparcar mal?”. Y yo le contesto: “Aparca, hombre”. Llega un policía local y le multa. Entonces, la culpa la tengo yo, porque le ha autorizado a aparcar mal, ¿verdad?», argumentó con retintín.

Dos planes urbanísticos

En el PP, volvieron a señalar que Ocaña y Aguilar «deben dar explicaciones de esas declaraciones sobre que tenía autorización verbal». Eso sí, luego, también tuvo algo de retranca: «Es obligatorio que lo hagan, pues hay muchas personas que creen que 40.000 metros cuadrados de naves es algo que se ve a pie de carretera. No es algo que se oculte y que no se vea». No en vano, la construcción duró varios meses a lo largo de 2005 y el Consistorio nunca precintó la obra.

Por otro lado, el alcalde aseguró desconocer el estado en que se hallan las naves, muy llenas aún de una mercancía que no puede comercializar, dado que las instalaciones son ilegales. Ocaña dejó claro que sólo a Gómez se le puede atribuir tener ahí un enorme volumen de productos parados: «Cada uno es responsable de la planificación de sus negocios». No obstante, recordó que aquello en alusión a las naves es legalizable y será «para comercio al por mayor».

Eso sí, habrá que ver cuándo se regulariza este gigantesco almacén. En estos momentos, el segundo plan especial Carretera de Palma, pieza urbanística clave para iniciar la legalización, aún no se ha aprobado por el Pleno mientras el primero, el que tumbó el TSJA tras llevarlo la Junta a los tribunales, está pendiente de que el Supremo decida sobre él.

Fue el propio Gómez el que apostó por mantener el litigio, sabiendo que el Ayuntamiento no daría luz verde al segundo documento hasta que el Supremo no resuelva.

Ya ha pasado más de medio año desde que Urbanismo, con los votos de IU y PSOE y la abstención del PP, le otorgó el visto bueno al segundo plan especial y lo metió en la nevera hasta que hasta que haya sentencia del primero. Ocaña consideró ayer que esta situación es «lógica». Defendió que lo que sí sería «un disparate es que aprobásemos el segundo y la sentencia validase el primero. Entonces, tendríamos dos planes especiales con algunos matices y algunas diferencias aprobados y en vigor». Y «por prudencia, como se planteó en el informe jurídico», la nueva ordenación urbanística de Carretera de Palma queda «en suspenso» hasta que el Supremo falle.

Por su parte, el PP recordó que seguimos en una situación urbanística «como al principio», con «unas naves construidas sin licencia» en 2005 y, advirtió Martín, tampoco «se ha resuelto la sanción que en su día se impuso por esta construcción. No se ha garantizado su pago».

Se trata de una multa de 24,6 millones, por los que Gómez y el Consistorio están litigando en los tribunales.

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