Jaque de Irisarri y Caballero a la reformada Ley Electoral

Los regidores socialistas de Vigo y Ferrol juegan con las normas y mantienen acciones de autobombo que en otras provincias han derivado en la retirada inmediata de la publicidad institucional de contenido electoral realizada en diferentes soportes

Jaque de Irisarri y Caballero a la reformada Ley Electoral ABC

E. P. RODRÍGUEZ-SOMOZA

21/04/2011
Actualizado 23/04/2011 a las 14:58h.

Las leyes están para cumplirse, algo que parecen haber olvidado los alcaldes de Vigo y Ferrol, Abel Caballero y Vicente Irisarri respectivamente, puesto que sus actuaciones o rozan la ilegalidad o directamente la vulneran, dice el PP. En el caso del primero, a él mismo le faltó tiempo para levantar el dedo acusador cuando la que inaugura exposiciones es su principal rival política, la candidata olívica del PP a las próximas municipales, Corina Porro. Cunda el ejemplo.

Carteles y campañas que se escudan en la publicidad institucional para encubrir un reclamo electoral que, en todo caso, supone una afrenta a la normativa en toda regla y que ya ha sido incumplida por varios mandatarios municipales de España. Las connotaciones propagandísticas son evidentes en la mayor parte de los casos, y da igual el tipo de soporte.

La norma, en vigor desde el pasado enero, es tajante al respecto. Establece que desde la convocatoria de unas elecciones hasta el inicio legal de la campaña—próximo 6 de marzo—, «queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales».

Planes como pretexto

La primera en la frente es la puesta en marcha por parte del ejecutivo socialista de Ferrol de una nueva campaña publicitaria con el pretexto del Plan Urbanístico por diferentes espacios públicos de la ciudad. «Un despliegue con evidentes connotaciones electoralistas —a juicio de los populares— que está costando a todos los ferrolanos 10 millones de las antiguas pesetas y que Irisarri saca ahora sólo para intentar lucirse».

Cabe recordar que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General también establece de manera inequívoca que está prohibido cualquier «acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por un gobierno», así como «cualquiera organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones». Por el contrario, sin ser el caso de esta última iniciativa de los socialistas ferrolanos, sí se permite hacer campaña en el supuesto de «que resulte imprescindible para la salvaguardia del interés público o para el correcto desarrollo de servicios públicos».

La indignación en el entorno de los populares es tal que desde sus filas aseguran que «Ferrol nunca tuvo un alcalde tan oportunista e interesado como este. Primero se subió el sueldo, después decidió cargar a las cuentas del Concello los gastos de telefonía móvil de todos los miembros del gobierno y ahora pretende que todos le paguemos la campaña electoral». Asimismo, censuran la falta de respeto del primer edil de la ciudad por las leyes y las haciendas públicas.

Por ello, a través del Grupo Municipal, reclamaron ayer la celebración urgente de una Junta de Portavoces «para que Irisarri explique el uso de fondos públicos con fines partidistas», así como los reiterados incumplimientos de todos los miembros de su gobierno, incluido el mismo, respecto a la prohibición de hacer mención de los supuestos logros obtenidos durante esta legislatura.

Bordeando la ilegalidad

Por otro lado, hasta hace bien poco, la ciudad de Vigo estaba forrada con carteles de Alcaldía, con la foto del regidor y candidato del PSOE a las próximas municipales, que en su caso sí fueron quitados. Era el propio ayuntamiento el que preguntaba a la Junta Electoral quién debía hacerse cargo de su supresión una vez que entrase en vigor la prohibición, y el organismo arbitral señalaba directamente a los partidos políticos. Así las cosas, fieles a la verdad, en la olívica comenzaron a desaparecer las vallas con la consigna «Por un Vigo mellor», si bien se mantienen los que hacen referencia al cargo que actualmente desempeña Caballero y a los «logros obtenidos por su Gobierno», algo contrario a la normativa en vigor.

Publicidad institucional que bordea la ilegalidad en bancos, pancartas y carteles que difícilmente se pueden desvincular del regidor o de su gestión al frente. Propaganda, al fin y al cabo, de los logros que vocifera. La firma de Alcaldía que él mismo acuñó, para hacer diferencias con sus socios de gobierno, los nacionalistas del BNG a los que ha convertido en un partido residual sólo apto para blindar su bastón de mando en el Consistorio de Vigo, y que le sirve ahora para una promoción encubierta que llega como agua de mayo de cara a los próximos comicios del 22-M.

En un saco roto para las arcas municipales se han convertido los gastos del primer edil vigués para publicitarse, una factura muy cara emitida a nombre de todos los vecinos de la ciudad. Hasta la fecha se tiene constancia de un gasto de 987.500 euros, adelantado por un medio de comunicación, que se hacía eco del coste de 400.000 euros que supuso el mobiliario urbano con el sello de Alcaldía —20.000 euros su diseño y 150 el grabado láser del logo—, así como los 90 carteles en los que anuncia las obras ejecutadas con un coste aproximado de 500.000 euros en su conjunto. Y suma; y sigue.

Casos similares

Y mientras que los regidores de Vigo y Ferrol mantienen un pulso por el «autobombo», aunque salvando las distancias, situaciones similares en otras provincias han derivado en la retirada inmediata de la publicidad institucional de contenido electoral realizada en diferentes soportes, como en el caso del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en Badajoz.