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España, condenada en la UE por no tratar las aguas residuales

Incumplió normas de depuración y tratamiento de aguas en 59 municipios

Día 15/04/2011

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio ayer la razón a la Comisión Europea y, por tanto, condenó a España por incumplir la Directiva europea sobre recogida de aguas residuales urbanas y posterior tratamiento en cincuenta y nueve municipios. Los jueces creen que nuestro país desatiende la protección del medio ambiente.

La Directiva europea que regula este actividad, y que data de 1991, establece que los núcleos de población con más de 15.000 habitantes debían disponer de un sistema de colector para las aguas residuales urbanas a más tardar el 31 de diciembre de 2000 y que antes de verterse en los citados colectores debían tratrarse para reducir su poder contaminante.

España se ha defendido de los cargos con el argumento de que en algunos de los municipios se han puesto en marcha ya obras para remediar la situación, cosa que no ha convencido al Tribunal por haber excedido de los plazos que le daba la Comisión Europea al término de la última fase del procedimiento de infracción, en concreto el 1 de febrero de 2009, con lo que cualquier modificación posterior no ha sido tenida en cuenta por parte del Tribunal.

Así, Luxemburgo condena a España por no haber puesto un sistema de recogida de aguas residuales urbanas en Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre y Cariño.

Además añade que ha incumplido sus obligaciones en el tratamiento de las aguas residuales urbanas en las localidades de Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grade, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Calle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los LLanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinarós, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irún.

Una vez desestimados los argumentos del Gobierno español la máxima instancia judicial europea ha condenado en costas al reino de España por este caso y le ha conminado a que ponga remedio inmediatamente a los hechos por los que ha sido condenada.

En el caso de que el Gobierno haga caso omiso del Tribunal la Comisión Europea puede iniciar de nuevo otro procedimietno de infracción y, si sigue la misma suerte que éste, España podría ser condenada a pagar una multa por reincidencia.

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