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ETA, Batasuna y Sortu

«Teniendo en cuenta la historia de terror compartida por ETA y su brazo político, parece razonable condicionar su legalización a la disolución de ETA. Se evitaría así la instrumentalización de quienes comparten una estrategia terrorista aunque difieran en algunas de sus tácticas»

Día 13/04/2011

LA lucha contra el terrorismo se libra a veces con una mano atada a la espalda para evitar que loables fines se persigan con medios ilegales. Sin embargo, las democracias no deben renunciar a aplicar todos los recursos posibles dentro de la legalidad al enfrentarse a amenazas que explotan los límites que el marco legal impone. Esta premisa sirve para oponer argumentos jurídicos y políticos a la interpretación de los magistrados partidarios de la legalización de Sortu a pesar de que esta formación no ha roto con ETA, como demuestra la reciente sentencia del Supremo.

Sorprende el rechazo a una «ilegalización preventiva» que los magistrados discrepantes consideran injustificada. En contra de esa opinión, el fallo del Supremo se fundamenta en la sentencia de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ratificó la ilegalización de Batasuna porque «no puede exigirse del Estado que espere para intervenir a que un partido político se apropie del poder y comience a poner en práctica un proyecto político incompatible con las normas del Convenio y de la democracia, adoptando medidas concretas dirigidas a realizar tal proyecto». Como recuerda el Supremo, el TEDH entiende que «un Estado debe poder razonablemente impedir la realización de un proyecto político, incompatible con las normas del Convenio, antes de que sea puesto en práctica mediante actos concretos que conlleven un riesgo de comprometer la paz civil y el régimen democrático en el país».

Esa misma sentencia del TEDH contradice a los magistrados discrepantes cuando otorgan excesiva relevancia a meras declaraciones como las contenidas en los estatutos de Sortu. Relativizan que, como señaló el TEDH, «los estatutos y el programa de un partido político no pueden ser tomados en cuenta como único criterio para determinar sus objetivos e intenciones». Revela la fragilidad de los argumentos de los jueces discrepantes su alusión a la aceptación de los Principios Mitchell por parte de Sortu para dar credibilidad a su supuesta ruptura con ETA. Estos principios aplicados en Irlanda del Norte constituyen solo una retórica declaración de intenciones de rechazo formal a la violencia, y han sido descontextualizados por Sortu para burlar la legalidad.

El incumplimiento de estos principios fue excusado por quienes debían garantizar su respeto revelando la irrelevancia de la adhesión formal a los mismos por el Sinn Fein. Su flagrante violación permitió al IRA usar la violencia mientras el Sinn Fein exigía concesiones a cambio de prometer desarme. El movimiento terrorista norirlandés, al igual que el integrado por ETA y su brazo político, se había «adaptado a los nuevos tiempos», como declaró una ineficaz comisión encargada de supervisar el cese de la violencia incumplido por el IRA. Algo similar persigue ETA, consciente de que el desarme del IRA fue una farsa que facilitó su perpetuación y el fortalecimiento del Sinn Fein al simular una aparente pero inexistente ruptura con la banda. La realidad demuestra que, fiel al modelo norirlandés, Batasuna, transmutada en Sortu, ha escenificado una simulada separación de ETA con el fin de que los políticos eludan los costes derivados de su vinculación con los militares.

La retórica vacía de los Principios Mitchell contrasta con los hechos que justifican la prohibición de Sortu, entre ellos el vínculo con ETA que la documentación probatoria evaluada por el Supremo confirma. Como señaló el TEDH sobre Batasuna, «teniendo en cuenta la situación existente en España tras numerosos años de atentados terroristas, especialmente en una región políticamente sensible como es el País Vasco, estos vínculos pueden ser considerados objetivamente como una amenaza para la democracia». Este vínculo entre el brazo político y el militarde ETA no solo persiste sino que además, al mantenerse a lo largo de un prolongado periodo de tiempo, ha sentado unos precedentes de los que el análisis jurídico no debe hacer abstracción. A las numerosas sucesiones fraudulentas hay que sumar los ejemplos en los que el entorno terrorista fue legalizado y tuvo que ser ilegalizado posteriormente, creando unos antecedentes que obligan al Supremo a tomar medidas preventivas contra la vulneración del ordenamiento.

Estas circunstancias y el innegable vínculo entre ETA y Sortu son los que invitan a plantear si la disolución de ETA no debe ser la condición necesaria para legalizar otro proyecto heredero de Batasuna. Ese contexto de décadas de violencia durante las que ETA ha articulado una estrategia político-militar concertada, y a la que no renuncia, es el que obliga a la democracia a defenderse de las argucias con las que intenta encubrir la connivencia entre políticos y militares. Podría argumentarse por ello que la existencia de ETA contamina necesariamente a Batasuna imposibilitando su vuelta a la legalidad mientras aquella mantenga su presencia coaccionadora. Así podía deducirse de una declaración del actual ministro del Interior cuando en 2007 aseguraba que Batasuna «nunca podrá presentarse ante la sociedad vasca como algo distinto de lo que es, puramente un apéndice de ETA».

Debe recordarse que el TEDH impuso límites al derecho de asociación política sosteniendo que un partido político puede promover cambios de las estructuras legales o constitucionales del Estado con dos condiciones: «Los medios utilizados al efecto deben ser desde todo punto de vista legales y democráticos; el cambio propuesto debe ser en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales». En el contexto del terrorismo etarra cabe preguntarse si un proyecto político como el defendido por formaciones sucesoras de Batasuna puede ser compatible con los principios democráticos mientras exista la organización terrorista que durante décadas ha intentado imponer por la fuerza ese mismo proyecto junto a los actores que repentinamente manifiestan un mero distanciamiento formal con una violencia a futuro.

La trayectoria político-militarde ETA confirma que ese proyecto político construido sobre el asesinato o la persecución de cientos de ciudadanos y la violación sistemática de los derechos humanos entra en contradicción con el concepto de sociedad democrática. El contexto de décadas de violencia al que el TEDH alude obliga a evitar que la amenaza a la democracia que el terrorismo supone sea minimizada, como sucedería si se subestimara el riesgo que para una sociedad democrática comporta la legitimación de conductas conniventes con la violación de los derechos humanos que Batasuna ha apoyado y apoya. Debe enfatizarse la negativa de Sortu a condenar los crímenes etarras y la posición del TEDH compartiendo los argumentos del Tribunal Constitucional al considerar el «rechazo a condenar la violencia como una actitud de apoyo tácito al terrorismo, y ello en un contexto de terrorismo que existe desde hace treinta años y que es condenado por el resto de los partidos políticos en su conjunto».

En consecuencia, teniendo en cuenta la prolongada historia de terror compartida por ETA y su brazo político, parece razonable condicionar su legalización a la disolución de ETA. Se evitaría así la instrumentalización de quienes comparten una estrategia terrorista aunque difieran en algunas de sus tácticas, pues Batasuna insiste en rentabilizar la presencia intimidadora de ETA al supeditar el final de la violencia a la satisfacción de sus exigencias, como muestran los documentos etarras. Cuando la simbiosis entre el brazo político y el militardel movimiento terrorista ha quedado probada, a pesar de ciertas discrepancias sobre algunas consideraciones tácticas coyunturales, es lógico reclamar que la vuelta a las instituciones que tanto ansían los representantes políticos de la banda tenga un precio al que la democracia no debe renunciar: la desaparición de ETA.

ROGELIO ALONSO ES PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA, UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

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