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España / EL «EREGATE»

La Junta amenaza con crear un conflicto en el Supremo

Día 05/04/2011

Menos de cinco minutos permaneció en el despacho de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, el letrado de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. Pero tuvo tiempo de exponerle a la magistrada sus tesis, que siguen siendo las mismas que las que ha defendido hasta ahora: mantenerse en sus trece y no enviar las actas de los consejos de Gobierno de los últimos diez años y amenazar con un conflicto ante el Tribunal Supremo.

Fuentes del Ejecutivo andaluz consultadas por ABC confirmaron que el abogado puso en conocimiento de la juez dos cuestiones. En primer lugar la ofreció «vías jurídicas alternativas» ante lo que creen una «imposibilidad legal», remitirles todas las actas de los consejos de gobierno sin violar la Ley del Gobierno. Esas vías alternativas serían que la magistrada le certificase cuáles son los acuerdos del consejo de Gobierno que están vinculados con la investigación sobre los ERE fraudulentos en la Junta.

Carácter reservado

Y la segunda cuestión que explicó a la juez es la confirmación de que la Junta irá al tribunal de conflictos de jurisdicción del Tribunal Supremo, para lo cual ya ha realizado el oportuno requerimiento de inhibición. A su juicio el juzgado no puede levantar el carácter reservado de las actas de esos consejos.

Eso supone que el Supremo deberá reunir al citado tribunal, un órgano que se constituye únicamente para conflictos de competencias y también una demora para la investigación. No obstante, en este caso, el Ejecutivo andaluz cree que será solo cuestión de pocos meses.

Ahora la pelota está en el tejado de la magistrada que, lo más lógico, es que dicte un nuevo auto pronunciándose sobre las intenciones de la Junta aunque también sería probable que diera traslado al fiscal y las partes personadas para que se pronuncien.

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación particular, solicitó a la juez que expulse a la Junta por «abuso del derecho y mala fe procesal», considerando asimismo que carece de «interés legítimo» como parte perjudicada en estas actuaciones.

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