Rocambolesca «aclaración» de Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha aclarado que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no queda excluido entre las personas que podrían haber incurrido en presuntos delitos electorales, de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda y administración pública investigados en relación con el 'caso Gþrtel' y sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió a favor del de la Comunidad Valenciana, aunque su nombre no se mencione en el escrito presentado ante la sala de lo civil y penal del alto tribunal valenciano.

Esta aclaración contrasta con los diecisiete folios del escrito de alegaciones presentado por la Fiscalía, en el que no se cita en ningún momento a Camps como presunto autor de los delitos.

Según han indicado fuentes de Anticorrupción a Europa Press, en el escrito, de fecha 24 de marzo, pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que acepte la inhibición en los mismos términos en los que se planteó por el magistrado instructor de la causa en el TSJM, Antonio Pedreira. En esa resolución, de mayo de 2010, el instructor en el TSJM afirmaba que, en relación con la conexidad de los hechos investigados con los que son objeto de la 'causa de los trajes' que se sigue en el TSJCV, la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos en esa causa "impone su investigación conjunta con la contratación de Orange Market SL tanto con el PPCV como con la administración de esa comunidad autónoma a fin de comprobar la posible relación entre los regalos investigados" en el procedimiento tramitado ante el TSJCV y los cargos desempeñados por Rafael Betoret, Víctor Campos, Ricardo Costa y Francisco Camps en la Generalitat y en el partido. En su escrito ante el TSJCV, la Fiscalía Anticorrupción, que no incluye al presidente de la Generalitat, concreta cinco delitos y posibles autores: electoral de 2007 y 2008, en cuya comisión habrían podido participar los parlamentarios Ricardo Costa; David Serra; Yolanda García y el también vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, administradores del PP y empresarios y gestores de Orange Market; falsedad en documento mercantil, con presunta autoría de determinadas empresas; contra la Hacienda Pública, atribuible a Orange Market y contra la administración pública.

En este supuesto, en relación con contrataciones irregulares de la Generalitat, cita a Rafael Betoret y añade que cree que debe ser investigada por el tribunal valenciano la participación de la actual presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, en las contrataciones realizadas cuando estaba al frente de Turismo, que no se incluía en el auto de Pedreira. En relación con las personas que habrían podido participar en estos hechos, destaca que las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías así como que en alguno de los casos "era preceptiva autorización por el Gabinete del Presidente". En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que el TSJCV es el órgano competente para conocer de los hechos delictivos que se contienen en los autos de inhibición del TSJM, una competencia determinada por el aforamiento de algunos de los "eventuales partícipes" y que habría de extenderse también a los no aforados para no romper la "continencia" de la causa.