El Ministerio Público ha solicitado una pena de un año de cárcel para el alcalde de Hornachuelos, Julián López, del Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH) como presunto autor de un delito de prevaricación omisiva urbanística al permitir la realización de unas obras que carecían de licencia.
Según el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso ABC, el 23 de julio de 2007, A.A.S., vecino de la localidad, presentó una denuncia en el Ayuntamiento poniendo de manifiesto que J.J.R. había llevado a cabo una serie de trabajos de demolición y excavación de ruinas sin la preceptiva licencia que provocaron el derribo de una parte de la pared medianera que separa el solar donde realizaba la obra de la finca de A.A.S.
El alcalde era el competente en materia de urbanismo, «sin embargo, de forma deliberada, no dio curso a dicha denuncia, no abrió procedimiento administrativo ni expediente sancionador alguno y ni tan siquiera cumplió con los trámites que establece el ordenamiento jurídico», dice el fiscal.
Caso omiso
Sin embargo, en febrero de 2008 el regidor ordenó paralizar las obras que acometía A.A.S. cuando trataba de paliar los efectos del derribo del muro porque no contaba con la preceptiva licencia, «lo que evidencia la distinta forma de actuar en un caso y en otro».
Entonces, A.A.S. presentó una denuncia contra López por un supuesto delito de prevaricación, pero ni por esas el alcalde informó si las obras que realizó J.J.R. contaban con licencia. Ni siquiera lo hizo cuando se le requirió por parte del defensor del Pueblo Andaluz ni a la Dirección General de Inspección Urbanística.
Junto a la pena de cárcel la Fiscalía solicita su inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años.
