Córdoba

Córdoba / «CASO TORREBLANCA»

IU admite ahora que no había motivos para destituir a Serrano

Según Tejada, la investigación prueba que la decisión de Aguilar carecía de base

Día 26/03/2011 - 11.21h
IU admite ahora que no había motivos para destituir a Serrano
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Urbanización Torreblanca, en la que los agentes se hicieron los chalés que desencadenaron el proceso

A.G./J.M.C.

CÓRDOBA

Con la reincorporación de Antonio Serrano en su puesto de Jefe de la Policía Local, IU ha cerrado el círculo de las consecuencias políticas en el «caso Torreblanca», destapado por ABC en enero de 2008, ya que los hechos y circunstancias que en su día motivaron «una pérdida de confianza» por parte del equipo de Gobierno, hoy se han confirmado como carentes de toda base, tal y como reconocía ayer el portavoz de IU, Francisco Tejada, quien señaló que «las investigaciones que han llevado a cabo tanto la Fiscalía como a nivel interno han concluido que no había ningún motivo para esa pérdida de confianza».

El discurso de ayer dista mucho del que el propio Tejada pronunció en junio de 2008 cuando, también como portavoz de IU, indicó en el Pleno que la dimisión de Serrano, presentada dos meses antes para «no entorpecer ni interferir en la investigación que se estaba desarrollando», había sido en realidad «porque se le ha perdido la confianza». La propia alcaldesa salió también al paso manifestando que «quien quiera conocer por qué he perdido la confianza en el jefe de la Policía Local que me lo pregunte y no me esquive».

Aparte de la cuestión de la «confianza» que ahora parece, o al menos así se deja ver, era una decisión exclusivamente personal de la alcaldesa para apagar el «incendio» político que se estaba produciendo por las revelaciones de ABC, Tejada manifestó que «la vuelta de Serrano a la jefatura del Cuerpo se produce porque legalmente le corresponde así, ya que ha solicitado su reingreso en la Policía y ocupa el puesto que le corresponde por su rango. El Gobierno local cumple con la legalidad y eso no significa que no haya confianza».

Al hilo del regreso de Serrano y del cambio de postura de IU, la edil del PP Rosario Alarcón señaló que «este Gobierno nos tiene acostumbrados a dar un paso adelante y dos hacia atrás. Cualquier tipo de problema que tienen que resolver no sólo no lo solucionan, sino que lo enturbian». La concejala popular añadió que «mi grupo no gobierna, está en la oposición. Si se da el caso de que gobernamos, revisaremos qué criterios se han seguido para la reincorporación de Serrano».

Por su parte, la portavoz socialista, María de los Ángeles Luna, se mostró «satisfecha y contenta. Él era el titular de la plaza y se ha hecho Justicia», palabras que parecen cuestionar aún más la decisión tomada en su día por su socio de Gobierno por la famosa «pérdida de confianza».

A las declaraciones de los políticos se suman las del sindicato mayoritario en la Policía Local (Siplb). A través de su portavoz Francisco Blanquez ha manifestado su «satisfacción» por la vuelta de Serrano, indicando que «la etapa que hemos vivido con Rafael Foche ha sido la peor que ha conocido este Cuerpo. Han sido dos años y medio caóticos para todos en un clima de mucho conflicto».

Aún sin calificación fiscal

Con la vuelta de Serrano la investigación del «caso Torreblanca» queda exclusivamente centrada en el ámbito judicial. A fecha de hoy, el asunto está en manos del juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba, que en su día imputó a cuatro agentes por presuntos delitos de falsedad en documento oficial y otro de infidelidad en la custodia de documentos. Tras remitir el procedimiento abreviado a la Fiscalía, ésta reclamó nuevas pruebas, en concreto una declaración y, posteriormente, el fiscal-jefe, José Antonio Martín-Caro, manifestó que «el volumen de trabajo» que soporta la Fiscalía estaba retrasando la calificación de los hechos, añadiendo que ésta no se haría pública para que no coincidiera con el periodo electoral y no «generar conflicto político».

Sea como fuere, la vuelta de Serrano confirma, por un lado, que en 2008 no había motivos para forzar su renuncia y que la decisión fue exclusivamente política-personal y, del otro, que el escándalo que puso en tela de juicio las medidas de seguridad para la custodia de los datos de miles de cordobeses ha quedado simplificado a una cuestión puramente procesal, sin consecuencia política alguna.

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