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La juez da un ultimátum a la Junta para que le envíe los papeles de los ERE

Detecta más intrusos que Empleo, mientras el consejero cuenta los datos internos a través de su «facebook»

Día 24/03/2011

A la tercera va la vencida. Eso ha debido de pensar la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Ayala, que, tal y como anunció ABC, después de pedir a la Junta de Andalucía en dos ocasiones que le enviara los papeles de los ERE fraudulentos, ahora le ha dado «un plazo de 48 horas» para que le remita los documentos. Y es que pese a que la Junta presumía de colaboración «proactiva», la instructora le acusa en un auto firmado el pasado lunes de «falta de colaboración». Y ordena librar «nuevo mandamiento» a la Intervención General de la Consejería de Hacienda para que en 48 horas como máximo le remita los documentos solicitados. Y también para que abandone «la mera actitud pasiva» que ha mantenido.

Pero los papeles que quiere la juez no son cualquier cosa sino toda una batería de documentos. Le pide copia compulsada de las actas de los consejos de dirección de las Consejería de Empleo, de Economía, de Hacienda y de la de Presidencia así como las actas de los consejos de gobierno celebrados desde 2001 a la actualidad.

También le pide al interventor que informe sobre la procedencia de los informes de actuación durante la etapa investigada. Y que explique por qué las transferencias efectuadas a través del IFA por la Consejería de Empleo, bajo la fórmula de transferencias de financiación se realizaron «prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo» previsto en la ley de Hacienda, cual es el procedimiento de subvención excepcional.

También pide que se informe en caso de no haber existido informes de implantación por parte del IFA o IDEA de «las verdaderas razones que se conozcan para no haberlos emitido» cuando ello supone «un incumplimiento flagrante» del decreto que establece para la emisión del informe un plazo de seis meses como máximo desde el informe de cumplimiento de la Intervención General y que la Intervención justifique porqué no requirió esos informes y no emitió un informe de actuación.

Y también quiere un «pronunciamiento expreso» de las Consejerías y en su caso del Consejo de Gobierno sobre los informes de la Intervención. La juez también pide el informe emitido por la Intervención General de reparos al pago de la subvención a la empresa Hijos de Andrés Molina. Y al IFA los informes de cuentas anuales, auditorías externas, programas de actuación, inversión y financiación y sobre el grado de implantación de las recomendaciones de la Intervención así como los traslados de dichos informes al titular de la Consejería de Innovación desde 2001 al 2004 y a IDEA desde 2005 hasta 2009. Pero en otro auto emitido hace algunos días y en el que también calificaba de «incompleta e insuficiente» la información remitida por la Junta, le pide explicaciones de porqué admite la existencia de menos intrusos de los que hay.

La juez unifica la causa de los ERE de la Junta con la de las irregularidades en los ERE de Mercasevilla, porque ambas apuntan a «la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERE y Planes de Jubilación Anticipada con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral». Pero, dada la complejidad de la causa, acuerda una pieza separada para cada una de las empresas con ERE fraudulentos: Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Calderinox, Cydeplast, Hitemasa, Springer Arteferro 2006, Sur Color, Sos Cuetara, Germans y Cash Lepe.

Ayer, el consejero de Empleo, Manuel Recio, que lleva meses regateando información, escogió su página en la red «Facebook» para hacer público el resultado de sus pesquisas internas sobre los 647 millones que manejó la Junta para incentivar ERE que incluyen a falsos prejubilados en al menos 183 casos contrastados —que costaron 9 millones al erario—. Recio reveló las pesquisas sobre el caso como quien cubre un expediente.

«Antes de salir hacia el acto que os comentaba en Isla Mágica, quiero trasladaros a todos aquellos con los que comparto las redes sociales los resultados definitivos de esta investigación interna, para que tengáis de primera mano los datos», escribió poco antes de dar cuenta de los 72 intrusos que están cobrando la póliza sin haber trabajado nunca en la empresa que los prejubiló, mientras elevaba ya a 111 las «discrepancias administrativas», en referencia a las personas cuya relación laboral es dudosa con la firma que se benefició de ayudas a su reestructuración. En total, de las 68 empresas investigadas, 24 presentaban trabajadores «ajenos» y 18 «discordancias administrativas». La investigación ha afectado a un total de 5.982 trabajadores.

Recio, que presumió de «transparencia» en la Red, se parapetó tras esta forma insólita de revelar una información reservada para no responder a los interrogantes abiertos.

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