La Audiencia Nacional anula la orden ministerial del canon digital

La Audiencia Nacional considera que esta norma está afectada de "vicio radical" . Se ha rechazado además la pretensión de que se devuelva lo recaudado por el canon por "falta de competencia".

El canon digital pretende compensar a los autores por los ingresos de dejan de percibir cuando se hace una copia de su obra, y por eso grava los soportes susceptibles de almacenar cualquier tipo de creación.

Por su parte, la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde , aseguró este miércoles en la Sesión de Control en el Congreso de los Diputados que la actualización normativa en torno al canon digital es "técnicamente muy compleja" , a pesar de lo cual ha afirmado que el Gobierno "está trabajando responsablemente en ello". "Tenemos un plazo de tres meses, de los que han transcurrido quince días", puntualizó.

Los recurrentes argumentan que la orden vulneraba la Constitución y la Ley de Propiedad Intelectual, y sostenían que el canon daña principios como el de igualdad ante la ley, la libertad de empresa, el libre acceso a la cultura y la ciencia o la defensa de los intereses de las organizaciones profesionales.

El Tribunal de Justicia de la U E dictaminó el pasado octubre que el sistema aplicado en España "no era conforme" al derecho de la UE en el supuesto de que los soportes de reproducción sean adquiridos por empresas o profesionales para fines distintos a la copia privada, aunque reconocía su legalidad en el caso de los particulares con independencia del uso que den a estos artículos.

La Audiencia de Barcelona fue la primera en aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE y, el pasado 3 de marzo, dictaminó que la tienda de informática Padawan estaba exenta de reclamar el gravamen que le exigía la SGAE por la venta de soportes digitales.

Para adaptarse al derecho comunitario, el Gobierno está estudiando una reforma de la regulación del canon digital con el objetivo de tener lista esta revisión en el plazo de tres meses. De hecho, desde mediados de enero, dos grupos de trabajo, uno centrado en derechos reprográficos y otro en derechos audiovisuales y fonográficos, buscan posibles soluciones para adecuar el canon digital a la normativa comunitaria.