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Admitida la primera querella contra responsables de los ERE

La juez acepta la denuncia de Manos Limpias, a la que se suma otra del PP-A

A. R. VEGA

El cerco judicial se estrecha cada vez más en torno a los ex responsables de la Junta de Andalucía implicados en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) con falsos prejubilados. La jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Ayala, que investiga las irregularidades, acordó ayer admitir parcialmente la querella presentada por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias que señala como conocedores del fraude al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía —que se incluyó en el ERE en una bodega jerezana con una fecha de ingreso que coincidía con el día de su nacimiento— y Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta. Ambos están imputados en el proceso judicial.

Manos Limpias considera que cometieron delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa. Ayer mismo, el PP-A consumó su amenaza de llevar el asunto al juzgado con la presentación de otra querella contra 26 supuestos responsables del denominado «EREgate». Su querella amplía la del citado sindicato.

En la extensa lista de denunciados por Manos Limpias se encuentran dirigentes del PSOE como Antonio Rivas, ex delegado provincial de la Consejería de Empleo y secretario del mismo ramo en la Ejecutiva provincial del PSOE sevillano; a Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso (Sevilla); a Ricardo Medina, ex secretario de Política Municipal del PSOE de Camas; a Juan Manuel López Espada, miembro de la agrupación socialista de Camas; y al responsable de la actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (antiguo IFA).

La «macroquerella» alcanza también a responsables de más de una treintena de empresas que «se han beneficiado» de las ayudas de los ERE supuestamente irregulares o que actuaron como intermediarias, entre ellas, Altadis, Egmasa, Astilleros de Huelva, Hitemasa, Graficromo, Incosolm, Delphi o las empresas que mediaron en la gestión de las ayudas Vitalia y Hermes Consulting.

La magistrada no descartó en su auto que la instrucción «pueda extenderse a cualesquiera otras personas que aparecieran indiciariamente responsables de los hechos». Aunque admite la personación de Manos Limpias como acusación popular, rechaza la petición del sindicato de adoptar «medidas cautelares sobre los bienes de los querellados» y tampoco exige que presente fianza puesto que «las diligencias están ya iniciadas».

Más ayudas bajo sospecha

Mientras los responsables de la Consejería de Empleo cada vez están más acorralados en los juzgados, en el plano político los populares recrudecieron sus críticas contra el ex presidente de la Junta de Andalucía y el actual, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente, que son «más culpables hoy que ayer» en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) falsos, según aseguró ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz desde Huelva. Por ello, no descartó «derivar en otros dirigentes políticos implicados», entre los que podrían hallarse Chaves y Griñán

Sanz denunció en que la Intervención General de la Junta «a la vez que advirtió de la posibilidad de los fraude en los ERE, también lo hizo a través de otro informe en la misma fecha de la existencia de otro posible fraude de 87 millones en ayudas para pymes, autónomos y familias».

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