El juez inculpa al ex tesorero de Convergencia por el cobro de comisiones

Tras varios meses de espera y cuando estaba a punto de ser trasladado a otro órgano judicial, Solaz abrió una investigación separada sobre la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau. Su sustituto, Miguel Ángel Tabarés, ha citado como imputados —no se ha señalado fecha ni especificado el delito— a Osácar —tesorero de CDC hasta diciembre de 2010—, a los dos cerebros de la trama; a la hija de Millet, Gemma Montull; así como al directivo de Ferrovial, Pedro Buenaventura, y a los administradores de la empresa GPO Ingeniería, Emilio Vidal y Álvaro Palao.

En su auto, el juez Tabarés se basa en los informes periciales practicados hasta el momento para asegurar que las donaciones realizadas por la empresa Ferrovial-Agromán al Palau entre 2001 y 2008 podría tratarse en realidad «de contraprestaciones por la adjudicación de obra pública que revertía en beneficio de terceras personas o entidades relacionadas con ella». Añade que «en esta dinámica, de ser cierta, el Palau no habría sido el destinatario real de las donaciones, sino el cauce por el que se hacía llegar a su verdadero destino».

El escrito del instructor describe a Félix Millet «no como un simple mediador pasivo que se limita a cobrar cantidades de quien sabe que debe satisfacerlas —Ferrovial-Agromán— y entregarlas, quizá a personas vinculadas con la Administración Pública adjudicante». «Millet despliega una amplia actividad en los dos sentidos: reclamando la adjudicación de obras, por un lado, y apremiando a Ferrovial para que no se retrase en el pago de las cantidades comprometidas».

En concreto, el juez ha pedido documentación sobre las obras de la Ciudad Judicial, de la Línea 9 del Metro de Barcelona y de un pabellón de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Sospecha el magistrado el pago de comisiones de un 4% del precio de adjudicación, distribuidas entre un 2,5% y un 1,5%. El auto indica que Ferrovial entregó al Palau al menos 1.081.822 euros, de los que fueron destinados 675.855 euros a «pago Daniel» (el ex tesorero de CDC), 248.433 euros a «cobrar GPO» y 157.594 euros a la Fundación Ramón Trias Fargas, vinculada a CDC. El juez rechaza de momento inculpar a los responsables de las empresas Hispart, NewLetter y LetterGraphic, que, según el fiscal, participaron en la trama. El instructor ofrece a la Asociación Orfeó Catalá y a la Fundación del Palau de la Música comparecer en la causa como perjudicadas. Todos los partidos de la oposición han pedido explicaciones al presidente Artur Mas, líder de CDC, por entender que queda probada la financiación irregular de este partido.