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crisis en nueva rumasa

El FOGASA pagará primero sólo a los trabajadores de Dhul

El resto de empleados de Nueva Rumasa tendrá que esperar a que sus empresas sean declaradas en concurso de acreedores

EFE

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pagará hasta cinco meses de salario primero a los trabajadores de Dhul, pero el resto de empleados de Nueva Rumasa tendrá que esperar a que sus empresas sean declaradas en concurso de acreedores o iniciar trámites judiciales para que el órgano se subrogue en su posición.

Según informaron fuentes del Ministerio de Trabajo, los trabajadores de Dhul serán los primeros en cobrar sus salarios del FOGASA, para lo que se requiere que la administración concursal de la compañía emita los correspondientes certificados de reconocimiento de las cantidades que se adeudan por mes a cada empleado. No obstante, según fuentes jurídicas, esos trámites podrían tardar semanas e incluso algunos meses, por lo que previsiblemente se incrementarán las cuantías adeudadas a los trabajadores, que oscilan en función de las empresas y van desde el mes adeudado en Carcesa al caso de Clesa, donde se les debe dos pagas extras y las mensualidades de enero y febrero.

El resto de trabajadores de Nueva Rumasa cuyas empresas no están en concurso de acreedores tardarán más en cobrar del FOGASA los salarios que les adeudan sus respectivas compañías, ya que tendrán que esperar a que sean declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) o iniciar trámites administrativos y judiciales para que el organismo público se subrogue en su posición.

Clesa y Cacaolat presentarán concurso inmediatamente

Sólo Clesa y Cacaolat tienen previsto presentar concurso de forma inmediata, mientras que cerca de treinta compañías de Nueva Rumasa agotarán en principio el plazo de hasta cuatro meses que tienen para intentar renegociar las deudas con los acreedores y evitar el concurso de acreedores. Para no esperar hasta que sean declaradas insolventes, los trabajadores deben acudir a los servicios de mediación y arbitraje de las respectivas comunidades autónomas con el objetivo de que se les reconozcan las deudas por mes y por persona.

Con esos certificados deben iniciar acciones ante los Juzgados de lo Social para que dicten la insolvencia provisional de sus respectivas empresas y el FOGASA pueda pagarles los salarios atrasados, hasta un máximo de 150 días (5 meses).

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